Lejos de aclarar, el vicepresidente recalentó con su discurso el clima político y judicial en torno al escándalo Ciccone. Las fuertes declaraciones de Amado Boudou contra el estudio de Esteban Righi y el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, eran solo mediáticas. Hasta esta mañana. Su abogado, Eduardo Durañona se hoy presentó ante la Justicia para formalizar las denuncias contra ellos, lo que da inicio a una verdadera «batalla judicial para todos» sin precedentes.
El jueves, el vicepresidente acusó al estudio del procurador general de la Nación, Esteban Righi, de facilitarle vínculos con la Justicia Federal. Boudou puso un manto de sospecha sobre «el estudio García, Labat, Musso y Righi» -que integró Righi hasta ser nombrado procurador pero en el que trabaja su hijo y su esposa-, al acusarlo de presentarse como una suerte de nexo entre él, cuando era titular de la ANSES, y el Poder Judicial.
El número dos del Ejecutivo también cargó contra Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio. «Me pidió una entrevista el 3 de marzo de 2011. Me dijo que el señor Tabanelli me iba a destruir, pero que le podía poner un número, que él se iba a encontrar con él en Punta del Este y le podía entregar un número. Yo les dije que estas cuestiones de mafiosos las arreglaran en otro lado».
En un duro comunicado, el titular de la bolsa le contestó al vicepresidente y señaló que iniciará acciones legales contra Boudou, tal como adelantó PERFIL.
La causa que inicia Boudou quedó a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello.
Por esas denuncias públicas, el abogado Ricardo Monner Sans pidió hoy que el vicepresidente sea investigado por el presunto delito de «omisión de denuncia» de conductas presuntamente delictivas de Righi, Gabbi, y también en contra del juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la investigación.
La causa, que quedó radicada ante el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, se basa sobre la conferencia sin preguntas que ofreció la semana pasada el vicepresidente, a propósito de un allanamiento a un departamento de su propiedad en Puerto Madero, en el marco de la investigación sobre la ex Ciccone Calcográfica.
«Nunca antes -por lo menos, no se conoce- Amado Boudou había señalado la existencia de ilícitos por él ahora atribuido a las personas recién nombradas. Tampoco dijo que como vicepresidente de la Nación y en protección de nuestro régimen republicano y democrático, él hubiera puesto en marcha antes de este muy reciente jueves los mecanismos procesales y legales pertinentes», sostiene la denuncia.
Monner Sans recordó que «todo funcionario público que conoce de la existencia de un delito en el ejercicio de sus funciones, queda obligado a denunciar a aquellos que son perseguibles de oficio». «No hacerlo, supone el delito conocido como omisión de denuncia (prisión de un año a seis años)», añade el escrito. El abogado pidió que «se indague al vicepresidente» y advirtió que en caso de negativa a concurrir a tribunales, «obligaría al Juzgado a pedir su desafuero».
El último jueves, Boudou advirtió que el juez Daniel Rafecas, a cargo de la investigación en su contra, «maneja una agencia de noticias».
