Desde 2011 hasta enero de este año, las empresas de medicina prepaga cobraron cuotas más altas de lo que marca la ley, a los usuarios que hoy tienen entre 27 y 41 años. Los aumentos ilegales significaron una suba en las cuotas mensuales de entre 1000 y 1300 pesos, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. En todos los casos, el incremento ilegal es equiparable a un tercio del valor de la cuota mensual. Esto significó para las empresas “una facturación adicional de 1985 millones de pesos por mes”.
El Gobierno Nacional, lejos de sancionar a las empresas por lo que se considera “una millonaria estafa a los usuarios”, en enero de este año “las premió mediante un decreto que blanqueo la estafa”, dado que se modificaron los artículos que hacían ilegales esos aumentos que se produjeron violando la ley. En el informe se afirmó que el incumplimiento de la ley “habría afectado al menos a un millón 600 mil personas en seis años”.
El censo nacional 2010 determinó que más de 6 millones de habitantes –el 15,7 por ciento de la población–, contratan seguros privados de salud mediante alguna empresa de medicina prepaga. Dos de cada tres usuarios acceden mediante la desregulación de sus aportes a una obra social, mientras que el resto tiene contrato directo –según publica Página 12-.
De las 270 empresas de medicina prepaga existentes, ocho concentran el 70 por ciento de la facturación. Ellas son OSDE, SMG, Galeno, Omint, Medicus, Medife, Sancor Salud y Hospital Italiano. El 4 de mayo de 2011 fue sancionada por el Congreso Nacional la Ley 26.682, reglamentada por el decreto 1993 de noviembre de ese año. La norma establece un marco regulatorio para la medicina prepaga, “entendiéndola como parte del Sistema de Salud”, pero hay artículos de esa ley que “no fueron cumplidos por las empresas, sin ningún tipo de sanción por parte del Estado”, responsable de ejercer la regulación del sistema.
Esto perjudicó a los sectores más débiles entre los adherentes a las prepagas: los usuarios y los prestadores médicos a quienes la ley buscaba proteger, y favoreció al sector cada vez más concentrado de empresas. La trampa que se viene realizando desde hace siete años es por “la aplicación ilegal” de aumentos en las cuotas de un grupo importante de los usuarios. La situación se agravó ahora porque el gobierno nacional produjo “el blanqueo” de esa transgresión de la ley, al dictar un decreto que “legaliza” lo ilegal, porque modifica artículos de la ley 26.682. La medida oficial es doblemente ilegal, porque por medio de un decreto del Ejecutivo no se puede innovar sobre lo dispuesto por una ley aprobada en el Congreso.
Uno de los artículos que no se cumplieron desde 2011 es el 17, que establecía que “la diferenciación de la cuota por plan y por grupo etario sólo podrá darse al momento del ingreso del usuario al sistema”. Una vez ingresado “la cuota sólo podrá modificarse por los aumentos expresamente autorizados, con excepción del régimen establecido para aquellos que alcancen los 65 años de edad y que no cuenten con 10 años de antigüedad continua en la misma entidad”.
A pesar de la letra de la ley, la mayoría de las empresas de medicina prepaga vienen aumentando las tarifas a medida que aumenta la edad del afiliado armando planes exclusivos para los grupos etarios más jóvenes, que “dentro de la lógica de coberturas de salud por seguro, resultan más rentables (para las empresas) debido al menor uso, en general” de los servicios de salud.
Lo que se viene haciendo, cuando el afiliado cambia de grupo etario, es producir en forma automática un cambio de plan y aumento de la cuota, en contra de lo que decía el artículo que ahora fue modificado por el Ejecutivo. La mayoría de las empresas agrupan a sus afiliados de 18 a 65 años en al menos tres grupos etarios: 18 a 25 años, 26 a 35 años y 36 a 65 años. Del mismo modo, vienen realizando diferenciaciones tarifarias por grupo etario entre los 36 y 65 años.
Un esquema simple, a pesar de las variaciones que existen entre las empresas, indica que –en promedio– el paso de un grupo etario a otro representa un aumento del 36 por ciento en la tarifa mensual, además de los aumentos autorizados legalmente por el Ministerio de Salud.
El cálculo realizado por la Fundación Soberanía Sanitaria, mediante un relevamiento de mercado, señala que “los afiliados que, en el momento de la sanción de la Ley 26.682 y su decreto reglamentario, tenían entre 20 y 34 años han sufrido un aumento por cambio de grupo etario”. El incumplimiento de lo que dice el artículo 17 original “habría afectado al menos a 1.600.000 personas en estos últimos seis años”, una cifra que constituye “el 26 por ciento de los usuarios de medicina prepaga del país”.
Si se utilizan como referencia los valores de los planes más populares de las principales empresas, “cada afiliado que tenía entre 20 y 24 años en 2011, hoy paga 1.004 pesos de más por mes”, mientras que “los que tenían de 25 a 34 años, pagan de más alrededor de 1.315 pesos”. En todos los casos, el incremento ilegal que pagaron en todos estos años, “representaba cerca de un tercio del valor de la cuota”. Una estimación de lo que los usuarios pagaron de más desde 2011 hasta enero de 2019, cuando se modificó la reglamentación para “blanquear la estafa”, surge que las prepagas reunieron “una facturación adicional de 1.985 millones de pesos por mes”.
En el informe se resaltó que “toda esta ilegalidad y abuso” de las empresas desde 2011 “ha sido premiada con un ‘blanqueo’ realizado por la nueva reglamentación decretada por el Poder Ejecutivo”. En suma, se trata de “un decreto que legaliza la estafa” porque el 22 de enero de este año se publicó en el Boletín Oficial el decreto 66/2019, que modifica varios artículos del decreto de reglamentación original.
