El acuerdo entre Mauricio Macri y Javier Milei sobre el futuro manejo de la política energética no solo contempla la incorporación al Gobierno de funcionarios que responderán al ex presidente. El PRO también acercó una hoja de ruta que contempla los aumentos de electricidad y gas natural que se aplicarán durante el próximo año, con un nuevo esquema de subsidios que ayudaría a acelerar el ajuste fiscal. El ritmo de ese sendero de incrementos dependerá de que no ponga en riesgo el principal objetivo del Gobierno: la desaceleración de la inflación. Hacia adelante, el otro punto del nuevo plan será la adecuación del sector para facilitar la llegada de inversiones en generación, transporte y distribución.
De todos modos, en el corto plazo el trabajo estará puesto en el plan para mitigar los riesgos de cortes de luz durante el próximo verano, algo que preocupa mucho en los despachos oficiales por el eventual impacto político de una crisis de suministro tras el fuerte incremento en los servicios públicos que hubo este año.
Según supo Infobae de fuentes con conocimiento de las conversaciones, la colaboración de Macri va más allá de la designación de María Tettamanti como nueva secretaria de Energía, en reemplazo del eyectado Eduardo Rodríguez Chirillo. Se trata de un “acuerdo programático” dividido en dos partes: el saneamiento de las cuentas del sector para alcanzar el equilibrio financiero del sistema en el plazo de un año – es decir que los usuarios paguen el costo pleno de la energía sus facturas – y, en una segunda etapa, cambios en las estructuras del área con el fin de hacer “más ágil” la gestión.
El esquema de subsidios que acercó el PRO contempla la vuelta de la tarifa social en reemplazo de la segmentación que puso en marcha en 2022 Alberto Fernández. Ese plan fue delineado por el equipo de Patricia Bullrich durante la campaña presidencial que estaba comandado por el ex secretario de Energía, Emilio Apud, quien acercó el nombre de Tettamanti al secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, luego de que Macri y Milei sellaran el acuerdo de colaboración que se conoció la semana pasada.
Las condiciones para acceder al beneficio serían mucho más restrictivas que las actuales y, en el escenario ideal, los beneficiarios pagarían el costo pleno de la factura pero recibirían una compensación a través de una transferencia directa a través de una cuenta bancaria o una tarjeta.
El esquema de segmentación tarifaria contempla la división de los usuarios residenciales en tres universos respecto a sus ingresos frente a la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC: altos (Nivel 1), bajos (Nivel 2) y medios (Nivel 3). Si bien hoy en día ningún segmento cubre el costo pleno, son esos dos últimos segmentos que los que reciben una bonificación en los precios de la energía que pagan en sus facturas, con topes de consumo.
Actualmente unos 8 millones de usuarios de electricidad son N2, 3 millones son N3 y 5 millones son N1. Eso implica que 7 de cada 10 hogares reciben ayuda del Estado para afrontar sus tarifas. En lo que va de la gestión Milei cerca de 1 millón de usuarios tuvieron que pedir la subvención para afrontar el pago de los servicios por los aumentos aplicados.
Obviamente, en Energía reconocen que tomará tiempo avanzar en un cambio del sistema actual y se ponen como meta el plazo de un año para que «las cuentas del sector queden en equilibrio». «La idea es hacer una depuración no solo con los niveles de ingreso sino además con el consumo de bienes y servicios. Debería quedar solo un 20% del total de los usuarios con subsidio», comentó una fuente.
Este esquema termina de descartar la Canasta Básica Energética (CBE) que proponía Rodríguez Chirillo y que prácticamente implicaba un subsidio personalizado para cada usuario. En el Gobierno siempre dudaron de la factibilidad de esa idea, porque requería de un nivel de información muy detallado que no estaba disponible y que requería la colaboración de las provincias.
El timing de los incrementos será decidido por Caputo en función de que dos variables centrales: el objetivo de sostener equilibrio fiscal y no poner en peligro la desaceleración de la inflación. Apud dijo este lunes que resta un incremento del 40% real en las tarifas de energía y reconoció la sintonía fina que tiene en mente el ministro de Economía. En 2024 hubo un recorte en subvenciones equivalente a más de USD 3.000 millones y esperan un ajuste similar para el año que viene, según se desprende del Presupuesto 2025.
Según se supo, uno de los cortacircuitos entre Rodríguez Chirillo con Caputo era su intención de avanzar mucho más rápido en la suba de tarifas para dar señales a las empresas de transporte y distribución de que era el momento de invertir, sin riesgos de que vuelvan a pisarles sus ingresos. El último episodio fue la convocatoria del Enre a principios de mes a las transportistas de electricidad a una audiencia pública para el cinco de noviembre para avanzar en la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), en la que se iban a poner a consideración los planes de inversión de las compañías y los futuros incrementos que garantizarían esos desembolsos.
Una semana más tarde el mismo ente publicó la Resolución 743/2024 en la que se suspendió la consulta. “Teniendo en cuenta la positiva reacción de la economía a las acciones implementadas por el Ministerio de Economía y la notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha, resulta razonable y prudente postergar la realización de la Audiencia Pública hasta la fecha que oportunamente se determine”, decía la norma en sus considerandos.
Otra parte del acuerdo es que ingresarán a Energía más funcionarios vinculados al Macrismo. Se descuenta que Darío Arrué con continuará más al frente del Enre pero sí seguiría Carlos Casares al frente del Enargas, hombre bien considerado por Tettamanti. Sigue en pie en el Gobierno la idea de fusionar los entes en el mediano plazo. La subsecretaría de Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, también dejaría su lugar y resta definir el futuro de otros subsecretarios.
El portal Econojournal anticipó que será el ingeniero Eduardo Hollidge quien reemplazará desde el mes que viene al hombre que Chirillo designó como gerente general de Cammesa, Jorge Garavaglia. Se espera además la salida de Carlos Bastos como director de YPF, asesor del saliente secretario de Energía.
Un punto aparte merece el plan del PRO para Energía Argentina, empresa que consideran debería desaparecer y que sus funciones sean absorbidas por el sector privado. La firma se ocupa de las importaciones de energía, las licitaciones de obras de infraestructuras claves, como el Gasoducto Néstor Kirchner o la reversión del Gasoducto del Norte, la negociación de las empresas a cargo de la construcción de las represas con financiamiento Chino, entre otras muchas funciones. Es parte de la segunda etapa que tiene en mente Tettamanti.
Chirillo había oficializado hace algunas semanas el Plan Verano 2024-2025 para evitar tensiones que pongan en riesgo el sistema eléctrico en los momentos en que por el calor se dispara el consumo en todo el país. Las medidas previstas tienen que ver entre otras cosas con mayores importaciones de países vecinos, mayor remuneración a generadoras, planes de contingencia con distribuidores y cortes coordinados con grandes usuarios industriales. En el sector mantienen preocupación porque ven un déficit que será difícil de sortear en los momentos más críticos.
Públicamente en el Gobierno sostienen que podrán pasar el verano sin crisis, pero en off the record se muestran preocupados y apuntan por cierta imprevisión del ahora ex secretario de Energía que se sumó a los episodios que hubo con el gas durante el invierno. Temen el impacto social de un evento de ese tipo luego de los fuertes aumentos de tarifas que hubo a lo largo del año.
