Hoy por la mañana se desarrolló en la Oficina Judicial una audiencia de control de detención del menor C.D.F (16) a quien se le imputó el delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa.
Presidió el acto la juez Margarita Pfister, por el Ministerio Público Fiscal asistió Adrián Cabral, funcionario de fiscalía y en tanto la defensa estuvo representada por Ricardo Amado acompañado por Claudia Torrecillas, Asesora de Familia.
El Ministerio Público Fiscal planteó que ayer a las 8,45 en el Barrio 30 de octubre el menor de edad abordó a una mujer embarazada y con una hoja puntiaguda como un cuchillo la intimidó para que le entregara todas las cosas que tenía.
Ante la presencia policial el sujeto emprendió la huida aunque finalmente fue detenido. Por lo expuesto, la Fiscalía calificó el hecho como robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa –art. 166 inc.2 y 42 del Código Penal-. También sostuvo que la aprehensión se produjo en flagrancia por parte del personal policial.
Por su parte, la Defensa Pública pidió que se aplique al caso una alternativa para solucionar el conflicto –art. 32 Código Procesal Penal- y solicitó la suspensión de juicio a prueba a favor del menor, con presentaciones ante el Consejo de Delegados de Control.
A su turno la Asesora de Familia destacó como conveniente la solución alternativa del conflicto a los fines de evaluar cuál será el comportamiento de C.D.F. y fortalecer el respeto por los derechos fundamentales y los derechos de terceros, informó la oficina de Prensa de la Judicatura.
En ese sentido también propuso su incorporación al sistema educativo de manera paulatina y requirió el compromiso de la madre en el acompañamiento necesario para que el menor pueda sostener las reglas que se le impongan en el término de un año en suspensión. Asimismo hizo alusión al Programa de acompañamiento para Jóvenes en conflicto con la ley penal.
En consonancia con lo expresado, el representante del Ministerio Público Fiscal prestó conformidad para la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba, y destacó que se informará a la víctima sobre la reparación económica.
Ante el acuerdo de las partes, la jueza Margarita Pfister resolvió la suspensión de juicio a prueba por un año, imponiendo las estrictas reglas de conducta que prevé el art. 27 bis inc. 1, 4 y 5 del Código Penal, el cumplimiento de una reparación económica –en caso de que la víctima manifieste su voluntad de aceptar- y la incorporación al programa “Haciendo Futuro” para la concreción de las medidas socio educativas. A su vez, le aclaró al menor que de no cumplir con estas exigencias será revocada la medida.
