Argentina presentó ultimos argumentos para decidir el rumbo de la causa

Es la contestación formal a la opinión del procurador estadounidense quien recomendó, en contra de lo que pensaba el gobierno de Mauricio Macri, que el juicio se dirima en ese país. Si el máximo tribunal…

lunes 03/06/2019 - 16:56
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Es la contestación formal a la opinión del procurador estadounidense quien recomendó, en contra de lo que pensaba el gobierno de Mauricio Macri, que el juicio se dirima en ese país. Si el máximo tribunal no toma el caso, la demanda comenzaría y Argentina podría ser condenada a pagar al menos USD 3.000 millones.

«Es el último recurso de un causa que viene muy complicada para el país». Así, coloquial y lacónico, una fuente muy cercana al juicio que se cursa en EEUU por la expropiación de YPF durante el kirchnerismo definió la última medida judicial que los abogados del Estado argentino y de la petrolera presentaron ante la Corte Suprema de EEUU.

La medida es una respuesta a Noel Francisco, el solicitor general de Donald Trump –una suerte de procurador– quien, muy en contra de lo que suponían las autoridades locales, le recomendó al máximo tribunal de ese país hace 15 días que el caso tendría que seguir instruyéndose allí. La defensa local pedía lo contrario: traer la causa a estrados argentinos.

Este mes la Corte decidirá finalmente si hace lugar al pedido del Estado y la empresa y toma el caso, o si no lo toma y confirma la jurisdicción. Si se decide por la última opción, el juicio comenzaría formalmente en el tribunal de primera instancia del Distrito Sur de Manhattan a cargo de Loretta Preska, la jueza que reemplazó al fallecido Thomas Griesa,el magistrado de la causa de los holdouts.

«La corte seguramente va a considerar el caso el día 20 de este mes y va a emitir una resolución el 21 o el 24», asegura otra fuente. Si bien no era vinculante, la opinión contraria de EEUU en el certiorari presentado por el país parece adelantar una medida desfavorable para los intereses locales. En esta a causa, de perderse le podría costar al Estado local unos USD 3.000 millones.

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