El proceso de recomposición del precio de los servicios públicos puesto en marcha desde 2016 fue el más abrupto de la historia argentina, por su magnitud y velocidad de ejecución, señaló un informe de la Universidad de Avellaneda (Undav). En ese marco, el estudio arrojó que «Argentina fue el país que mayor aumento verificó en términos de carga de los servicios públicos sobre el salario mínimo, en los últimos tres años».
Desde 2015 se pasó de una incidencia muy baja del costo tarifario, cercana al 6%, a una sustantivamente mayor, de 23,5%. Así, Argentina pasó a la tercera posición en el ranking de ocho países de la región.
Partiendo de un costo tarifario bajo, producto de la decisión de subsidiar a los segmentos socioeconómicos medios y bajos, se migró a un esquema de liberalización tarifaria, y convergencia acelerada a precios de mercado, afirmó la Undav.
En ese sentido, agregó que el nuevo esquema redundó en una notable transferencia de recursos y que el ahorro que posibilitó la supresión de los subsidios en las tarifas, fue más que compensado por la merma de otros recursos, tales como menores ingresos por baja de retenciones a las exportaciones, a la minería y a las grandes empresas, producto de la reforma impositiva sancionada a fines de 2017.
Afirmó, a su vez, que lejos de haberse agotado en los primeros dos años de la nueva administración, el proceso de sinceramiento tarifario siguió su curso durante 2018. Al significativo aumento en servicios del hogar, se agregó la fuerte suba en transporte público urbano.
«Es así que, en términos agregados, la previsión presupuestaria marca una disminución del peso de los subsidios económicos en 2018. Según la nueva Ley de Presupuesto, se pasará de un peso del 2,2% sobre el PBI en 2018 a un 1,6% para el próximo año», remarcó el informe.
En otro orden destacó que los menores egresos del erario público, no redundaron en una suba en los desembolsos para obras públicas ya que «la ley de leyes prevé un menor esfuerzo económico en gastos de capital aplicados a la generación de fuentes de energía que el destinado en 2018, a partir de una baja de 0,2% en relación al PBI».
El trabajo realizado por la Undav describe la evolución del costo tarifario en el país, indagando en su peso sobre diferentes conceptos de ingresos familiares. Además, expone una comparativa regional para examinar la estructura tarifaria en otros países de la región, y evalúa la tasa de rentabilidad de las principales compañías energéticas del país.
Del mismo se desprende que Argentina verificó desde inicios de 2016 incrementos acumulados promedio del 2.057% en gas natural, de 1491% en energía eléctrica y de casi un 1.000% en el servicio de agua potable. En materia de transporte, por su parte, se tienen aumentos del 677% en peajes, 375% en el boleto del tren, 332% en colectivos de corta distancia y un 177% en subtes, para el acumulado trianual.
Asimismo, tarifas de determinación o regulación estatal como el ABL (+135%) o las prepagas (+157%) también se posicionan por sobre la inflación media acumulada, desde 2016 hasta la fecha –según pública Ámbito-.
«Estudiando la evolución del peso de los principales servicios públicos (energía eléctrica, gas de red y agua potable) sobre el salario mínimo, se encuentra un incremento acumulado de 17,2 puntos porcentuales en los últimos tres años», resaltó Undav.
«En última instancia la política tarifaria, permite reducir los gastos estatales en subsidios pero al no poner un tope en los precios que las distribuidoras determinan para los usuarios finales, implica que las ganancias en dólares de dichas compañías terminen siendo soportadas tanto por toda la cadena productiva argentina como por las familias, que ven como sus ingresos salariales y no salariales se reducen lo que las lleva a sustituir consumos para poder pagar un servicio esencial como lo es el gas natural y la electricidad», concluyó.
