Prevé la creación e implementación de un Programa permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres, en los tres poderes del Estado provincial.
El gobernador Mariano Arcioni firmó la promulgación a la adhesión a la Ley Micaela. Con esta promulgación, el mandatario sigue en línea con el lanzamiento provincial, realizado en Sala de Situación, de las capacitaciones en “Función Pública con Perspectiva de Género”. Se invitó a los municipios a formalizar la adhesión.
El Gobierno Provincial conviertió en Ley Provincial VIII N°129 la adhesión de Chubut a la “Ley Micaela, de Capacitación Obligatoria de Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”. Así, establece que las autoridades de los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- son los responsables de garantizar la implementación de capacitaciones. Las misma están regidas por la normativa y recomendaciones de los organismos de monitoreo vinculadas con la temática de género y violencia contra las mujeres, suscriptas por Argentina.
En su articulado, deja establecido que el incumplimiento de la formación y capacitación, sin justa causa, es considerado falta grave, dando lugar a sanciones, dentro de la normativa vigente de los regímenes disciplinarios internos, y cada organismo administrativo deberá adecuar sus reglamentaciones internas de acuerdo a la presente ley.
A su vez, la Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Mesa de Enlace Interpoderes para la prevención y erradicación de la violencia de género y promover la igualdad de oportunidades, con la asistencia técnica del Instituto Nacional de las Mujeres, certificarán la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo, pudiendo realizar modificaciones y sugerencias para su mayor efectividad.
Por último, Provincia invitó al Observatorio de Género y Derechos Humanos de la Universidad del Chubut a que brinde acceso público en su página de Internet a la información recabada respecto del cumplimiento de las disposiciones de esta ley, desagregando el porcentaje de personal capacitado, según su jerarquía.
El organismo publicaría anualmente un informe de cumplimiento, como también una reseña biográfica de la vida de Micaela García, su compromiso social y las acciones del Estado vinculadas a la causa penal sobre su femicidio.
