El gobernador Mariano Arcioni firmó la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa en Chubut hasta el 8 de enero de 2020. Alega que esta medida es esencial para garantizar la prestación de los servicios públicos. Ordena a los jueces a levantar cualquier ejecución o juicio contra el Estado.
A través del decreto Nº 06/19, el gobernador prorrogó la Emergencia Económica en toda la provincia del Chubut desde el 9 de enero de 2019 hasta el 8 de enero de 2020. La medida se debe a que la Legislatura provincial no pudo extenderla producto de la seguridad no estuvo garantizada en las dos últimas sesiones del año.
En los fundamentos advierte que la prórroga de la emergencia se debe “a la situación de peligro colectivo” creada por las graves circunstancias de las finanzas que padece el Gobierno provincial.
La extensión por un año tiene efecto sobre los tres poderes del Estado, quedando exceptuados de la emergencia los funcionarios, la planta política y el Banco del Chubut.
Uno de los puntos medulares y que descomprimirá cortocircuitos con la oposición, es que la emergencia “no impedirá la realización de negociaciones colectivas en ninguno de los tres poderes” y tampoco “se disminuirán ni modificarán los rubros salariales que integran la remuneración de los empleados públicos cualquiera sea la modalidad de contratación; incluidos los conceptos de horas cátedra y horas guardia, contratos de locación de servicios u obra de monotributistas y otras modalidades de contratación que implican una relación laboral que estuvieren vigentes al 9 de enero de 2019”.
Se suspenden ejecuciones
El artículo 2 del decreto focaliza en las suspensiones de las ejecuciones de las sentencias, acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales que condenen al Estado Provincial al pago de sumas de dinero. En estos casos, la medida exige “disponerse de oficio la suspensión del proceso y notificar a las partes intervinientes”. El mismo procedimiento tendrán las medidas cautelares y de ejecución.
“Cualquiera fuera la naturaleza del crédito, se suspenden las medidas cautelares y las medidas de ejecución, debiendo disponerse de oficio su inmediato levantamiento por el juez”, sintetiza. Explica que en el caso de las sentencias condenatorias que obliguen al Gobierno Provincial a pagar sumas de dinero se fijará un límite de acuerdo a los recursos presupuestarios destinados a tal efecto.
Para ello, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Crédito Público, “dispondrá de una partida denominada ‘Pago de sentencias judiciales de emergencia’ por un total de $ 40.000.000 millones”.
De esta manera, los beneficiarios serán compensados en la medida de la disponibilidad de fondos existentes. “En caso de sentencias condenatorias que no puedan ser cumplidas en el plazo establecido precedentemente, deberá realizarse su previsión presupuestaria para el ejercicio siguiente”, determina el decreto de emergencia económica.
El texto deja en claro que el incumplimiento por parte del juez, “configurará causal de falta en los términos de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados” –según publica Diario El Chubut-.
Prorrogan emergencia de anestesiología
El gobernador Arcioni también extendió a través del decreto Nº 1449/18 la emergencia de los Servicios, Divisiones y Secciones de Anestesiología en la provincia del Chubut. La medida rige desde el 1 de enero de 2019 y vence el 31 de diciembre del corriente año. “Qué, atento de mantenerse las circunstancias que motivaron la sanción de las distintas emergencias anteriores, resulta necesario contar con la herramienta legal que permita garantizar la efectiva prestación de Servicios de Anestesiología”, describe el decreto.
Durante el período de emergencia la efectividad de las renuncias de los profesionales que presten servicios o cumplan funciones de la especialidad médica en Anestesiología, quedará supeditada a la asunción de otro profesional de la materia debidamente designado. “En el mismo lapso ningún anestesista podrá negarse a cumplir con las exigencias y necesidades de su servicio o funciones profesionales”, advierte.
Por último, faculta al Ministerio de Salud para que adopte las medidas técnicas, contables y administrativas que dentro de la jurisdicción y en el marco del presupuesto asignado, conduzcan a garantizar la efectiva prestación de los Servicios de Anestesiología.
