Son decisiones administrativas que sirven para interpretar lo que viene. El mercado de combustibles funciona como una olla de presión: la imparable devaluación de las últimas semanas provocó un atraso en surtidores ya supera el 40 por ciento. Es decir, si el mercado de precios fuese libre, la nafta super debería valer más de 36 pesos en Capital Federal. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, recibirá a las petroleras la semana que viene para definir cómo se adecuarán los importes en surtidores tras la apreciación del dólar. La reunión estaba convocada, en principio, para el lunes por la tarde. Pero se postergó hacia mediados de la semana.
En la práctica, lo que generó el brusco movimiento del tipo de cambio es que el sector petrolero argentino dejó de funcionar bajo las normas del libre mercado. Ese viejo anhelo de Aranguren —anunciado por el presidente Mauricio Macri en octubre pasado— hoy amenaza en convertirse en letra muerta por la impericia de la política cambiaria del Gobierno. Ya existen marcadas señales en esa dirección. Daños colaterales de la macroeconomía argentina.
En los últimos 10 días al menos tres productores de petróleo iniciaron en el Ministerio de Energía los trámites administrativos para vender crudo en el exterior. Es lógico: los productores no integrados de crudo prefieren exportar crudo a precio internacional —en torno a los 75 dólares— que venderlo en el mercado interno al valor establecido en el acuerdo firmado el 1º de junio. Ese documento fijó el precio del crudo Medanito (de buena calidad) en 66 dólares para mayo, 67 para junio y 68 para julio. Por lo bajo, las empresas petroleras ya descreen de la aplicabilidad de ese acuerdo, que se firmó con el dólar en 25 pesos y no en 29 como llegó a cotizar hoy. “Con esta cotización del dólar, los US$ 67 acordados hace 15 días representan alrededor de US$ 62”, calcularon en una empresa productora.
Se trata de la china Sinopec, cuarto productor del país, con campos en Santa Cruz; la norteamericana Chevron, socia de YPF en Loma Campana, el mayor desarrollo petrolífero de Vaca Muerta; y Vista Oil&Gas, la petrolera creada por Miguel Galuccio, que recientemente adquirió los activos de Petrolera Entre Lomas (PELSA). Las empresas solicitaron a Energía que los autorice a vender parte de su producción de crudo al exterior. En rigor, se trata de un trámite formal que incluso se realiza en la página web del Ministerio. Al menos, así debería funcionar el procedimiento en un mercado liberado.
Sin embargo, una alta fuente gubernamental confirmó a EconoJournal que esos permisos no serán aprobados por la cartera que dirige Aranguren. Está en riesgo —advirtió— el abastecimiento del mercado interno de combustibles. Y argumentó que la Ley 17.319 (de Hidrocarburos) habilita al Estado a prohibir la exportación para priorizar el suministro interno de petróleo. “Eso es así siempre y cuando los refinadores locales estén dispuestos a pagar el mismo precio que se paga en el mercado internacional. El problema, en este caso, es que los productores locales estamos dejando cerca de 10 dólares en la mesa para abastecer el consumo interno. En los hechos, funciona casi como el esquema de barril criollo aplicado por (Axel) Kicillof. Con la diferencia de que ahora rige el libre mercado. Al menos según la posición oficial del gobierno”, cuestionó el gerente comercial de una petrolera que solicitó autorizar para exportar.
El mar de fondo de la industria petrolera está agitado. Esta semana un encumbrado directivo de una petrolera que participó de los eventos realizados en Bariloche en el marco de la reunión ministerial del G20 advirtió que mayo fue el peor mes de los últimos cuatro años. “La situación es crítica, peor de lo que podíamos imaginar”, admitió.
El caso Trafigura
El fantasma del desabastecimiento preocupa a los funcionarios de gobierno. Esta semana Trafigura paralizó la refinería de Bahía Blanca, una de las seis plantas de destilación del país. La empresa con sede en los Países Bajos, el mayor trader de combustibles del planeta, dejó entrever que “por el desfasaje entre los precios de los combustibles y los costos de producción e importación, es insostenible la operación“, según publicaron medios locales. Sin embargo, la decisión obedece, en los hechos, también a otras variables.
Trafigura desembarcó en la Argentino para posicionar la marca PUMA. Lo hizo confiando en la promesa del Gobierno de operar en un mercado abierto, que permita la libre importación y exportación de combustibles. La compañía apuesta, en el fondo, a posicionarse en el corazón agroindustrial de la argentina comercializando naftas y gasoil importadas. El procesamiento de petróleo en la refinería de Bahía Blanca —una planta pequeña con evidentes atrasos tecnológicos que requiere millonarias inversiones para poder refinar combustibles de alta calidad (bajo nivel de azúfre)— nunca fue su primera opción. Trafigura ofreció pagar a productores locales US$ 58 por cada barril de crudo Medanito (liviano) que refina en Bahía Blanca. Son ocho dólares menos que los 66 acordado entre productores y refinadores en la maratónica reunión del 1º de junio. Los productores incluso ofrecieron seguir entregando crudo a las instalaciones al sur de Buenos Aires. Pero Trafigura decidió paralizar la operación de su planta. La disyuntiva para la petrolera holandesa es otra: con estos precios en surtidores y este tipo de cambio, no es negocio vender producto importado en la Argentina. No es un problema exclusivo de Trafigura. Afecta también al resto de los jugadores del downstream —YPF, Shell y Axion Energy—, pero en el caso de un trader es mucho más significativo. “Qué sentido tiene ingresar a un negocio para despachar combustibles importados cuando la devaluación del 40% torna en antieconómica esa operación”, analizaron en una petrolera.
