Aranguren, ex ministro de Energía, aseguró que las subas de tarifas no benefició a las empresas sino que sirvieron para reducir los subsidios que pagaba el Estado nacional.
El ex ministro de Energía Juan José Aranguren se presentó este martes ante el juez federal Luis Rodríguez para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa en que lo tiene acusado de negociaciones incompatibles con la función pública por haber favorecido a la petrolera Shell de la que era accionista mientras era funcionario del gobierno de Mauricio Macri.
Según declaró, «en ningún momento» tomó una decisión que pudiera haber beneficiado a su anterior empleador, la petrolera Shell, de la que fue presidente y accionista.
En diálogo con los periodistas que lo esperaban en el cuarto piso de los Tribunales de Comodoro Py explicó que «el incremento en el precio del gas no le llega a las compañías petroleras porque el precio que reciben las compañías petroleras por el gas durante en el período 2016-2017, que es el periodo imputado, es el mismo que provenía de un plan gas diseñado por la anterior administración».
«El incremento del precio que sufrieron los usuarios residenciales lo que logró fue reducir el subsidio por parte del Estado», explicó. Las empresas no se beneficiaron con los aumentos, no fue a las empresas, sino que redujo los subsidios que se pagaban a los usuarios».
«Se que lo que hecho fue conforme a lo que la ley me obliga y será el juez el que tome la decisión», dijo. Ahora el juez Rodriguez debe definir si le cierran las explicaciones de Aranguren o si por el contrario dicta su procesamiento.
«En ningún momento me interesé particularmente por algún proveedor, tomé decisiones de carácter general y siempre en beneficio del interés público», siguió el ex ministro de Energía y Minería.
Aranguren prestó declaración ante el magistrado en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia impulsada por los diputados Rodolfo Tailhade y Martín Doñate.
A Aranguren se le imputan al menos ocho hechos, vinculados con la suba de tarifas, la compra de gas a Chile y haber favorecido durante su gestión a la multinacional de origen anglo-holandés.
En el caso de Chile, explicó que «logramos reemplazar un gas que no existía, que es el que venía de Bolivia porque no había más y así lo declararon en el expediente el ministro de Energía de Bolivia y gerente de YPF». “No había mayor capacidad de las plantas de regasificación. Era siempre más conveniente importar gas previamente regasificado en Chile que consumir gasoil y eso le significó al estado nacional un ahorro de 54 millones de dólares”.
En la causa también deberá declarar la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, imputada por encubrimiento. Es de acuerdo con la denuncia que investiga el juez Rodríguez, tanto Tailhade como Doñate habían alertado a ese organismo por la incompatibilidad de intereses sin obtener respuesta alguna.
