El actual viceintendente en aquel momento era concejal y fue a la Fiscalía para denunciar a los vecinos que pedían al Concejo Deliberante que investiguen a los funcionarios que aparecían en las escuchas de la causa Apadrinados. Así lo recuerda el dirigente socialista Pablo Aqcuaviva.
El dirigente del Partido Socialista de Chubut, Pablo Aqcuaviva, recordó la denuncia que hace cuatro años encabezó junto a un grupo de vecinos y otros dirigentes de su fuerza, que en ese entonces tenían el paraguas de ser candidatos del Frente Progresista, donde pedían el juicio político a las autoridades del municipio de Comodoro Rivadavia y al entonces concejal Juan Pablo Luque.
En julio de ese año, el grupo se acercó al concejal José Gaspar, a cargo de la comisión de Asuntos Constitucionales del Concejo Deliberante, y consistía en apuntar contra el entonces intendente Néstor Di Pierro y el concejal Luque por figurar en las escuchas que surgieron de la causa Apadrinados, a cargo de la jueza federal Eva Parcio.
«La primera reacción fue de Luque, que se presentó en el Ministerio Público Fiscal a vindicarse y denunciarnos», recordó Aqcuaviva en El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz. «Luque fue a vindicarse a la Fiscalía, algo que no correspondía. Nos notificaron para vayamos, no estaba claro por qué teníamos que ir porque sólo decía que era una entrevista con la fiscal. Nosotros buscábamos ejercer un derecho ciudadano, sin carácter judicial».
La difusión de la citación de parte de Fiscalía llegó a todos los medios, muchos de ellos los esperaban a Acquaviva y al economista César Herrera, que iba como candidato a intendente ese año, para tomar fotografías y tener las primeras declaraciones tras ese «entrevista». «Nosotros íbamos por un derecho, no a una cuestión judicializada. Nosotros peticionamos como ciudadanos, pero no podemos arrogarnos la posición de un juez o un fiscal».
El grupo que iba con Aqcuaviva le pedía al Concejo que revea la situación de los funcionarios mencionados en las escuchas para abrir la instancia de juicio político para luego habilitar que la justicia ordinaria decida si había una causa. «Era una voluntad manifiesta de no aclarar las cosas como corresponden».
«Lo único que recibimos fueron declaraciones de Gaspar que decía que era un pedido inviable, cuando ni siquiera había sido tratado o emitido un dictamen», señaló. A cuatro años de aquél intento de ejercer un derecho ciudadano, el tema quedó cajoneado en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia.
«El concejal Luque era nombrado por supuestos pedidos de otorgamientos de tierras a familiares o conocidos», repasó el dirigente del PS. «Al ex intendente Di Pierro se lo nombraba cuando hablaba con algunos empresarios en lo que se considera ‘tráfico de influencias’. Eran cuestiones, por lo menos, muy sospechosas».
«Yo recuerdo una nota periodística donde Luque decía que nos iba a meter presos. Hubo intimidaciones en todo momento. Por ejemplo, cuando fuimos notificados a mi me llegó la nota a mi domicilio particular por una persona de civil identificándose como integrante de la Brigada de Investigaciones, pero no me mostró una identificación», recordó.
«Llegar a esto de desacreditar o de no permitir el ejercicio de un derecho, es infantil y de poco conocimiento. Si vamos a evaluar, el intendente Di Pierro actuó con mucha cintura política, obviamente por una cuestión de experiencia, que habló en los medios y llevó al terreno que correspondía: el político. Así se sacó el problema de encima. El entonces concejal Luque se desgastó más yendo y viniendo a la justicia», subrayó.
Finalmente, la jueza Parcio continuó con la causa Apadrinados, y hasta dijo que le faltaba personal para hacer todos los peritajes puesto que era una causa muy grande. Al respecto, Acquaviva reflexionó por último: «Los comodorenses merecemos claridad sobre este asunto».
