En Chubut, el que roba a un ladrón tiene veintisiete años de perdón y tarjeta bonificada. Para el Gobierno, los trabajadores que reclaman salario digno son desestabilizadores, mientras que los imputados por corrupción son ex o actuales funcionarios. La fiesta de lo que falta, la paga siempre el pueblo y no consta devolución de dineros públicos apropiados. Columna de hoy en El Diario de Madryn.
Mientras sigue atrancada la ley de devolver lo choreado (extinción de dominio), hay reclamos populares y trabajadores que no aflojan, y con razón. Aunque a la elite privilegiada que llega un poco más cómoda a fin de mes le moleste tanto piquete y humareda en Chubut, no hay modo de conciliar humores, sin conciliar números y caja. Porque es absolutamente entendible que el laburante que sigue salpicado desde arriba del pino, la paciencia se le vaya colmando cada vez más.
No es consuelo esto de que el problema del mundo es el poder corrupto que somete a los pueblos. Hubo a quienes el apresuramiento de las decepciones que dejó el mundial les permitió interiorizarse más de la realidad del pueblo ruso -por ejemplo- y de la enorme resistencia de simpatías reales y populares que rodea a un Putin atornillado al poder. Lo mismo pasa con el rubio teñido del norte cuya imagen en Estados Unidos fue cayendo a medida que avanzaron los años de gestión y los berrinches de manejos personalísimos. Ni hablar la decepción que aguanta estoicamente con Maduro la dolorida Venezuela, e incluso la resistencia pacífica pero férrea que comenzó a sentir el icónico Evo Morales en una Bolivia que respetuosamente seis de nueve departamentos le puso límites a su perpetuación el 21F con casi el 52% por el NO, en un referéndum que aún el oficialismo no se traga. Es verdad. En todas las latitudes se cuecen habas. Pero eso es consuelo de tontos si no damos un primer paso tan simple como ejercer algunos derechos consagrados pero con fiaca democrática de ir cambiando la historia.
Si la lógica del poder, por lo menos en Chubut, seguirá siendo que el grueso de la población se resigne a pagar la fiesta de pocos con su propio sacrificio, postergando salarios, pago de proveedores, pérdida de poder adquisitivo, calidad de vida con deterioro educativo, de salud, de servicios esenciales y seguir pagando incluso bien la mayoritaria mediocridad dirigencial, por lo menos deberíamos empezar por contar con información concreta, y exigir mayor transparencia en relación a los ingresos y egresos públicos.
Veintisiete años de escurrimientos ininterrumpidos
Cada vez que las ‘papas queman’, en la casona gubernamental de Fontana 50 hace 27 años que quien gobierna por repite una cantinela parecida al pueblo, endilgando a su/s predecesor/es pasados el problema presente, en general de vaciamiento económico-financiero de los recursos públicos. Tras el largo lamento de lo heredado lo que queda es invocar el esfuerzo de los contemporáneos para “sacar la provincia adelante”. Esa propuesta unilateral permanente de asociarnos a los problemas al momento de pagar, exige que se rindan algunas cuentas, porque los desmanejos históricos lo certifican. Porque hay que decirlo, el ‘choreo’ público no viene de ahora. Y aunque la justicia no pueda revisar toda la historia, los mecanismos políticos que deberíamos exigir como enmendadores de lo injusto, deberían funcionar. A nadie escapa (excepto a los contaminantes ‘radicales libres’) que en el gobierno de Carlos Maestro se lanzó -por ejemplo- una “Revolución Productiva” con las “joyas petroleras” de la abuela, que terminó en malversaciones en prosa. La lista de los grandes beneficiados -hoy exitosos empresarios- en su mayoría aún perdura en papel y versión digital.
El Banco, desbancado
Un ícono de tanta desnaturalización de lo correcto es nada más ni nada menos que la entidad donde se guarda la riqueza provinciana, donde se ‘a-tesora’. Vara de medición por excelencia, sobre la cual hijo de vecino sabe que para acceder a una tarjeta de crédito debe dar fe de su ADN, y para acceder a un crédito mínimo debe certificar hasta el de su suegra.
Esa entidad es precisamente el Banco del Chubut, que terminó estrujado sistemáticamente en los últimos gobiernos, y sobre el que extrañamente, en este despropósito de “Chubut Gate” que saltó en Chubut tras la muerte de Das Neves, aún no ha mostrado ‘complicaciones’, por lo menos por ahora.
La “Megacausa”, ¿encauzada?
Cuando se fueron los radicales, después de 12 años de batuta, explotó la “Megacausa” donde hubo condenas resonantes y multas, pero nunca se supo quién devolvió concretamente la guita. En la causa fueron señalados una veintena de personas entre funcionarios, hombres de negocios y hasta un escribano; aunque los únicos que llegaron a condena firme fueron el ex presidentes del banco Roberto Joseph Jones, el vice Jorge Franciasco Barcia, los ex gerentes César Raúl Ramírez y Silvia Estela Beros además de tres empresarios, dos de los cuales devolvieron plata constante y sonante que no se sabe muy bien a donde la derivó luego el gobierno de Das Neves, y un tercero que terminó `empardando´ juicios cruzados con el banco este año, o sea 17 años después, también en operatoria poco clarificada para el pueblo.
Incluso les cayó supuestamente el sayo hasta a ex funcionarios de la entidad, por los roles que le compitieron en esa “Megacausa”, donde un extenso número de ‘intermediarios’ todos ellos buenos y conocidos vecinos, fueron también conminados a devolver plata, pero que tampoco se sabe bien si así se cumplió.
El “Pluma-Gate”, ¿emplumado?
Si algo de todo esto que se malversó volvió a las arcas públicas de los chubutenses, no se sabe. Y la duda queda flotando en el aire, porque en general los ‘negociadores’ de turno suelen ser tan poco confiables como los anteriores. Además, si algo no se cumple en Chubut, es el acceso a la información, y si de algo carecen la mayorías de los legisladores es de la sana curiosidad que podría ensalzar sus roles. El saqueo a la entidad financiera de hecho, no pasó una vez, sino dos, y vale la pena recordarlo, para que no se entienda que no hay sesgo político en el ejemplo. En la administración Buzzi el famoso “Pluma-Gate” fue otro de los resonantes asaltos al ‘blindado’ con estrategias y avivadas. El segundo mes de 2018 ya anticipaba que sería de sorpresas judiciales. De hecho, fueron condenados cuatro imputados por administración fraudulenta contra el Banco del Chubut, y aceptaron devolver el dinero a la entidad para que no siga el proceso judicial en contra de ellos, tras una investigación iniciada por el Ministerio Público Fiscal del Chubut en el año 2016. En este caso, el ofrecimiento reparador fue aceptado por la actual conducción de la entidad (de los cuales algunos de sus actuales directivos lo eran en el caso anterior) y se suponía que comenzaban a recibir un total de 2.600.000 pesos. De ese total, dos de los imputados se ofrecieron a abonar el dinero de inmediato para ser sobreseído a la brevedad, uno de ellos 250.000 pesos y el otro 1 millón de pesos. También tendrán que pagar los costos que demandó la investigación.
El delito fue el de “administración fraudulenta” y estuvo relacionado con sobreprecios y contrataciones directas en servicios de publicidad cuando el Banco del Chubut era conducido por el contador Osvaldo Luján -uno de los cuatro imputados-, durante la gestión del ex gobernador Martín Buzzi. (Hubo sobreseídos porque de otro modo hoy habría menos funcionarios en actividad) Los otros imputados que llegaron a esta instancia del proceso, fueron Marcelo Ramírez -gerente general del Banco al momento del ilícito investigado- y los empresarios publicitarios Gustavo Valenzuela Linage y Graciela Nélida Adan. Las promesas de devolver lo ‘choreado’ era al contado unos, en cuotas otros. A través de sus abogados defensores, Luján ofreció pagar al contado, 250.000 pesos, mientras que Valenzuela Linage, “asesor ad honorem” del ex gobernador del Chubut Martín Buzzi, se comprometió a depositar también de inmediato, un millón de pesos. Tras la audiencia Luján y Valenzuela Linage, se hicieron del número de cuenta del Banco del Chubut para la realización de los depósitos, a fin de ser sobreseídos a la mayor brevedad posible asumiendo hasta 10 cuotas, a partir de marzo de 2018 y sólo deberían ser sobreseídos al abonar la última cuota, el próximo mes de diciembre. Caso contrario les correspondía una pena de entre 1 y 6 años de prisión. Hubo quienes refunfuñaron un poco porque dicen que la figura de la reparación está prevista en el artículo 48 del Código Procesal del Chubut, pero casi nunca se aplica en cifras de semejante magnitud. Lo cierto es que de todas estas historias, lo que ha retornado a las arcas público-privadas de los chubutenses, siempre es un misterio de mesa chica. Un ‘modus-operandi’ para revisar en nuestra bendito terruño endeudado y empobrecido, ¿no?.
