El Gobierno salió en los primeros días del año a aumentar el control de cumplimiento del Programa Precios Justos luego de haber detectado un porcentaje elevado de faltantes en las góndolas de supermercados, mientras en paralelo termina de definir los alcances de una nueva serie de acuerdos con empresas de distintos sectores.
Los inspectores de la Secretaría de Comercio habían arribado a mediados de Diciembre a la conclusión de que en los supermercados existía un nivel de desabastecimiento cercano al 25% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el listado de casi 1.900 productos que forman parte de la canasta controlada -según publica Infobae-.
El Programa de Precios Justos empezó como una iniciativa que contemplara un grupo grande de productos de consumo masivo en supermercados pero luego contó con medidas adicionales que lo complementaron como idea de referencia de precios. Para ese conjunto de compañías, además, permaneció un compromiso de que los bienes que quedaran por fuera no tengan un aumento mensual mayor al 4 por ciento.
Tras incluir a ese primer universo de consumo masivo, ese 4% de referencia actuó como principio para convenios posteriores, como los combustibles y los insumos difundidos de la industria. En los despachos de Comercio aseguran que si bien están en una etapa inicial, sumarán a ese sendero de incrementos con tope a fabricantes de insumos para la construcción y otros artículos para el hogar. Contemplará a unas 60 empresas.
En su momento Comercio blandió la posibilidad de ejecutar sanciones ante incumplimientos, pero no es proceso rápido y puede tardar entre tres o cuatro meses, estiman fuentes oficiales. La secretaría estableció multas de hasta un millón de pesos a los incumplimientos en que pudieran incurrir las empresas participantes del programa Precios Justos, con la opción de duplicar ese monto en caso de reincidencias reiteradas.
La situación de desabastecimiento –que llegó a ser de un 25% del total relevado por los inspectores en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)– tenía lugar especialmente en algunos productos puntuales, entre los que se destacaban como los más críticos al aceite. “En temas de faltantes se mejoró bastante. La indicación fue hacer más relevamientos y verificaciones, es el foco de la secretaría para el inicio del año”, explicó una fuente oficial.
Si bien el Programa empezó en Noviembre, en estas semanas el ida y vuelta entre el Gobierno y las compañías continúa para darle forma legal y avanzar en la firma de convenios: es un punto que para muchas empresas, principalmente las que son extranjeras, necesitan como requisito para girar a sus casas matrices y justificar por qué tendrán un techo de suba de precios en un contexto inflacionario como el actual.
Además, el reverso del compromiso de las firmas de consumo masivo para mantener a raya ese conjunto de precios es una promesa por parte del Poder Ejecutivo para facilitar y acelerar el flujo de divisas a precio oficial para la importación de insumos, a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).
Un fenómeno que se dio en paralelo a lo largo del 2022, fue la caída en la presencia de los productos incluidos en algún tipo de acuerdo oficial en los relevamientos mensuales que hace el Indec para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC). De acuerdo a datos oficiales, hacia Noviembre de 2021 del total de bienes en las góndolas, el 13,1% correspondían a algún Programa de precios con empresas. Fue la cifra más alta en la serie desde 2016 que registra el Indec.
Ese mes marcó el inicio del congelamiento de Precios Cuidados que estableció el entonces secretario de Comercio Roberto Feletti. Desde ese pico de 13,1% comenzó un proceso de retracción en el peso que tuvieron los productos con precios acordados en las encuestas mensuales del organismo estadístico. Así, a Noviembre de 2022 -último dato oficial- había caído hasta 2,1 por ciento. Ese retroceso puede leerse como un síntoma de desabastecimiento en las góndolas o en falta de señalética adecuada.
La pata del control de precios, insisten en el Ministerio de Economía, es una de las cuatro patas en la que busca apoyarse el equipo económico para hacer desacelerar el ritmo de precios. Los otros tres, aseguran, están ligados a condiciones macroeconómicas que justifiquen un IPC más moderado a medida que avance el 2023.
En ese trío se ubican, así, la reducción del déficit fiscal que ponga un tope al gasto público y las necesidades de financiamiento, ligado a ese motivo un límite a la emisión monetaria dirigida a la asistencia al Tesoro, y la acumulación de reservas en el Banco Central. Los tres son objetivos explícitos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
En los despachos oficiales se esperanzan con que Diciembre tenga una cifra de inflación similar a la de noviembre (4,9%), aunque por cuestiones estacionales de consumo de fin de año en el último mes del año –típicamente– suele haber algún recalentamiento de precios. Con todo, la meta sigue siendo tratar de recortar un punto porcentual de inflación mensual en etapas, que Sergio Massa identifica de dos meses y medio cada una.
