La jueza subrogante María Laura Martini hizo lugar el pedido fiscal de ampliar la investigación por la presunta contratación irregular de maquinaria vial durante el temporal ocurrido entre el 29 de marzo y 9 de abril de 2017. La causa tiene a 14 imputados, entre ellos ex funcionarios municipales.
La audiencia de ampliación de la investigación por la emergencia climática en Comodoro Rivadavia se desarrolló este martes en los tribunales penales del barrio Roca, publica Consello Patagónico.
El fiscal Héctor Iturrioz explicó que la ampliación de la investigación, que vence próximo lunes, se debe a la extensión de daño causado. El fiscal argumentó que “las maniobras del imputado (Julián) Astiz se pudieron hacer merced a los estrechos vínculos de amistad que tiene con Carlos Linares”. Y estimó que “la sumatoria del perjuicio económico en $170.000.000”.
Por su parte, el defensor Guillermo Iglesias (representa a Abel Boyero y Roberto Monasterolo) sostuvo que a su criterio “hay un déficit en la acusación desde el punto de vista objetivo”. Respecto de Monasterolo “una cosa es la acreditación defectuosa de las labores y otra que el trabajo no se haya hecho, es decir, que no hay perjuicio para el Estado”.
La defensora pública María de los Ángeles Garro (asiste a Joaquín Mansilla, Rubén Sartori, Marcelo Van Heerden y Juan Carlos Lara) no planteó objeción a la ampliación.
El defensor Ariel Quiroga (representa a Cristian Hernán Lobos Rozas y Javier Morales) coincidió con el planteo del defensor Iglesias. El defensor Gabalachis (asiste a Julián Astiz) expresó que la presente audiencia es una proyección de lo que sucederá el próximo lunes con la preliminar y no planteó objeciones. Y la defensora Cristina Sadino (representa a Rubén Palomeque) se dio por notificada de la ampliación de objeto y quedó a la espera de la acusación del caso.
La magistrada resolvió en base a los fundamentos y las manifestaciones realizadas por el fiscal, tener por ampliado los delitos y por notificados los imputados.
Hay que recordar que el 5 de abril de 2017, el Concejo Deliberante local declaró la emergencia económica, social y administrativa y liberó al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos, indica la acusación fiscal.
Con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contrataron desde el municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Se confeccionan partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por dos funcionarios acusados, explicó el fiscal.
La mayoría de los 25 delitos investigados fueron calificados como presunto fraude a la administración pública, en concurso real con falsedad ideológica, en calidad de autor o partícipe necesario para los imputados.
