La Ley de Alquileres, sancionada en junio de 2020 con el objetivo de regular y equilibrar la relación entre inquilinos y propietarios, se encuentra actualmente en revisión por el Senado. Sin embargo, desde que la normativa volvió a tratarse parece haber tenido un efecto no deseado: el aumento de la informalidad en los contratos de alquiler y una disminución en los acuerdos realizados bajo la nueva ley.
Esta ley fue diseñada para proteger los derechos de los inquilinos, estableciendo parámetros como la extensión del contrato a tres años y la indexación anual de los alquileres en base al Índice de Contratos de Locación (ICL). Pero su efecto termina siendo el crecimiento de los acuerdos por fuera de la ley.
Según datos del sector, la cantidad de contratos informales aumentó significativamente. Los propietarios, en un intento de eludir las restricciones, optan por acuerdos verbales que no se ajustan a la normativa. Este fenómeno no solo pone en riesgo los derechos de los inquilinos, sino que también afecta la recaudación fiscal. Incluso, hay muchos que se hacen directamente entre dueños e inquilinos, sin intermediación de inmobiliarias.
Uno de los principales obstáculos para la informalización de contratos es la percepción de que la ley favorece de manera desproporcionada a los inquilinos. Los propietarios argumentan que las restricciones en cuanto a los aumentos de alquiler y la duración de los contratos limitan su capacidad para manejar sus propiedades de manera efectiva.
Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UAI), dijo a Infobae que están recibiendo muchas quejas de locatarios. “Desde que comenzó el debate en el Congreso, el escenario se complicó más y nos llegan consultas todos los días de inquilinos porque se les vencen sus contratos y los dueños solo aceptan prórrogas por 3 o 6 meses, pero a valores siderales. Les piden aumentos que promedian el 140% para ajustar el valor, pero como no consiguen, deben aceptarlos y se terminan endeudando par pagar el alquiler”.
Desde las entidades que los defienden, aconsejan a los inquilinos que logren hacer una extensión del contrato por el mayor tiempo posible, al menos un año.
“Además, los propietarios e inmobiliarias piden realizar contratos a dos años con ajustes semestrales o cuatrimestrales. Hay un descalabro y no se está cumpliendo con la ley que sigue vigente. Es cierto que desde la media sanción, la informalidad está en expansión”, añadió Botana.
En Neuquén, tanto en la ciudad capital como en otras localidades de esta provincia patagónica, la escasez de oferta es amplia. Claudio Oseroff, representante de los propietarios de inmuebles para alquilar de la provincia del Neuquén, dijo a Infobae que allí pudieron ponerse de acuerdo entre dueños, inmobiliarios e inquilinos y están realizando acciones en conjunto para tratar de encontrar un camino que aborde el déficit habitacional de esta zona.
“Se acuerdan entre propietarios e inquilinos ajustes por fuera de la ley. El problema principal es la inflación; con la ley, es el único producto que no se ajusta por un año. La ley tiene otros problemas, pero ese es el esencial. Y algo nefasto es que hayan pasado 16 meses para que vuelva a tratarse la reforma, porque ya hubo varios intentos entre abril y mayo de 2022 y todo quedó en la nada. Nuestros legisladores ignoraron el problema y recién ahora se dieron cuenta de que esta normativa no funciona”.
En Neuquén, zonas de Río Negro y el sur de Mendoza, por ejemplo, se están realizando solo renovaciones y los precios superan el 113% que dio el ICL para septiembre.
“Por el empuje de Vaca Muerta, en Neuquén faltan más de 20.000 viviendas. En las ciudades turísticas, como San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Pehuenia, no hay unidades disponibles para alquileres permanentes y en pesos. Todo se dolarizó. Eso provoca que no haya, en algunos lugares, espacio para personas de un determinado poder adquisitivo: no tienen dónde vivir”, concluyó Oseroff.
