La Justicia Federal dispuso el allanamiento al funcionario de AFIP que confesó la existencia de un «grupo de control» irregularmente montado para el seguimiento del caso Oil Combustibles que tenía como objetivo arrinconar a la empresa insignia del Grupo Indalo. Por orden de la jueza María Servini, fuerzas de seguridad realizaron un operativo en las oficinas y en el domicilio particular de Jorge Schiaffini, autor del primer documento que motorizó el organismo recaudador respecto al “informe de situación fiscal” de la petrolera, en 2016. Pero, ante los jueces del Tribunal Oral Federal N°3, terminó por admitir, bajo juramento, la existencia de un grupo que evitaba reunirse de manera presencial pero hacía un seguimiento inédito dentro de un organismo público sobre un contribuyente.
La Justicia secuestró 170.000 correos electrónicos de interés para la causa en la denuncia por asociación ilícita que escala hasta el expresidente Mauricio Macri y la plana mayor de su Gabinete por haber intentado el desapoderamiento del holding a través de diversas presiones desde el Estado.
Los elementos secuestrados de las computadoras personales y los servidores de AFIP buscarán analizar cuáles de esos correos se intercambiaron y quiénes fueron los participantes de esa «cadena» donde intervenían directivos jerárquicos del organismo dando instrucciones jurídicas respecto al caso Oil. Esa cuestión es absolutamente irregular en la estructura de AFIP porque no existió normativa que habilitase el seguimiento particular de un contribuyente. Schiaffini, arrinconado durante el juicio, se había ofrecido a aportar ante el TOF 3 el listado de correos si se lo requería. Fue cuando a múltiples preguntas iba agregando nombres a cuenta gotas y dijo no recordar quiénes más podrían estar involucrados. Finalmente fue la causa impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan y Servini la que también decidió adoptar medidas para tener en su poder esas pruebas.
Schiaffini había declarado el 27 de Febrero pasado en el juicio oral por supuesta defraudación contra el Estado como testigo, pero fue contradictorio, reticente e impreciso respecto a las órdenes que había recibido para confeccionar un primer informe respecto a Oil que permitió a la AFIP adoptar medidas administrativas de asfixia y nutrió el comienzo de la causa judicial a cargo del juez Julián Ercolini. A cargo de una división dentro de la Dirección de Fiscalización, Schiaffini –según publica Ámbito– no supo precisar el origen de los datos que había volcado en un documento que sólo lleva a su firma (algo inusual cuando deberían intervenir distintas dependencias), y que tampoco recordaba si recibió órdenes verbales. Lo que sí confirmó es que decidían la apertura de «casos» para poder entrar en los sistemas de los contribuyentes y así no levantar sospechas en cuanto a eventuales auditorías. Añadió, casi sin darse cuenta, que había un «grupo de control» sobre Indalo y las empresas relacionadas, lo que remitió por funciones a un «grupo de tareas» enquistado dentro de AFIP para seguir este caso.
“Más tenían que ver las áreas jurídicas”, sostuvo Schiaffini con ausencia de precisiones, hasta que tuvo que revelar que Eliseo Devoto –director de Jurídicos de AFIP– era el que tomaba más decisiones. “¿Fue creado a propósito del Grupo Oil Combustibles?”, preguntó en esa audiencia uno de los abogados defensores. “Sí”, fue la respuesta. “¿Era común que se crearan este tipo de grupos?”, continuaron. “Yo es el único en que participé”, dijo Schiffini, sin poder explicar esa situación. “No sé responderle”, fue la siguiente contestación referida a si la actuación de ese tipo de grupos estaba regulada por algún tipo de normativa de la AFIP.
