Los ahorristas minoristas entraron en pánico tras el salto del dólar de las últimas semanas y el reperfilamiento del ministro de Hacienda Hernán Lacunza, considerado por el mercado como default selectivo. Poco a poco, ese público comenzó a desarmar sus plazos fijos en pesos para cubrir ahorros en moneda dura. Según el propio Banco Central, entre el 1 de septiembre y el 2 de octubre, el stock de depósitos a plazo minorista cayó $34.700 millones, una baja del orden del 6,7%.
El Banco Central no para de «quemar» dólares en la city porteña, poniendo en riesgo la integridad de sus reservas. En los últimos días, Hacienda informó que comenzaron a utilizar los US$7.200 «precautorios» con el aval del FMI, que fue quien los prestó para darle espalda a la autoridad monetaria. Sin dudas, no había otra opción, dada la negativa a desembolsar los US$5.400 millones que estaban previstos para mediados del mes pasado.
Vencimientos de la deuda y una corrida de depósitos en pesos contante y sonante perforaron el piso de US$50.000 millones en las reservas y, según advierten especialistas, el horizonte no es muy prometedor.
El Central informó cómo se comportó el ahorrista mayorista y el minorista entre el 1/09 y el 2/10. El primero, tuvo un cepo y eso ayudó a parar la sangría, pero el segundo sigue firme en su decisión de correr al dólar.
El stock de depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos (mayoristas) cayó $ 9.500 millones, pero si se mira el stock de depósitos a plazo minoristas (menor a un millón de pesos) se observa que disminuyó en casi $34.700 millones. Esto es una baja del orden del 6,7%: de 553.960 millones de pesos a 519.275 millones de pesos. A su vez, está previsto que esto se acelere por una baja de la tasa de referencia (Leliq) que convalidó la autoridad monetaria desde la primera semana de octubre.
Tal como informó Urgente24, en la industria también hay un cepo «implícito», ya que no se le está girando los dólares necesarios para importar materia prima o materiales necesarios para producir y que no se fabrican en la Argentina.
Entonces, la pregunta que bien vale la pena hacerse es: ¿La situación es aún peor de lo que funcionarios están informando?
