Los especialistas coinciden en que la revisión del cuadro tarifario tiene un impacto mínimo en términos de recorte del gasto público y pone en crisis el acuerdo con el FMI.
Los recursos públicos destinados a subsidiar la energía resultan el componente discordante que salta a primera vista en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional.
El reclamo del organismo es que bajen, por lo menos a la mitad, las partidas presupuestarias con este destino. «Lo que pasa es que la única manera de llevar eso a la práctica es golpeando fuerte el bolsillo de muchos que no son ricos que climatizan sus piletas, sino que son trabajadores que llegan con lo justo a fin de mes» expone una fuente de la Secretaria de Energía.
Reducir la bola de nieve de los subsidios a la energía es bastante más complejo que «limpiar» la boleta que le llega al usuario. En la Argentina el Estado compra el 90% de la generación de energía eléctrica y el 70% de la producción de gas. Esto significa que es el gobierno el que promedia el precio y define cuánto traslada a la factura final que reciben los usuarios.
Para Paulo Farina, ex subsecretario de Energía Eléctrica esto explica que el precio no cumpla con los parámetros del mercado. «Como no tenemos claro cuánto vale la energía, tampoco sabemos cuánto se esta subsidiando», resume.
Farina afirma que en la actualidad «se mantiene el promedio de subsidios de los últimos diez años» y advierte «para resolver el problema que plantean, se requiere una mirada integral del sector, la tarifa es solo una parte».
El impacto de la segmentación es nulo, es muy poca plata. Los subsidios van a subir igual. Lo más probable es que aumenten y mucho.
Respecto a la cuestión de las tarifas, Farina afirma que «exceptuando el año de la pandemia, y comparando con la evolución del salario, las tarifa están bajando» y por eso «el debate es sobre quiénes tiene que caer el aumento y en qué proporción». El especialista advierte además que el ajuste «debería haberse hecho antes y lo que faltó es decisión política».
«La cuestión es identificar si es más eficiente que lo pague la gente a través de una tarifa o que se pague en impuestos. Lo cierto es que es una combinación, y esa combinación como quedó congelada, solo avanzó a través de impuestos», agrega Farina y propone avanzar «con una transferencia directa como ocurre con el programa Hogar». En este caso se podría aplicar una tarifa social que cubra al 50% de los usuarios.
Sobre el esquema de segmentación que propuso
el actual subsecretario de energía eléctrica Federico Basualdo, Farina
afirma que aun si esos 500 mil usuarios «acomodados» pasaran a pagar el
triple y el resto asumiera aumentos del 20% como máximo, no alcanzaría
para bajar el gasto, como exige el FMI.
«El impacto es nulo, es muy poca plata. Los subsidios van a subir igual. Lo más probable es que aumenten y mucho», enfatiza Farina
Por su parte, Emilio Apud, ex secretario de Energía del gobierno de De La Rua, opina que «la segmentación que quiere aplicar el gobierno para ajustar o aumentar tarifas, aunque en su léxico es para bajar subsidios, es poco seria».
«Estamos con una expectativa inflacionaria del
60%, acompañada por un aumento de las importaciones de gas ante el
persistente déficit de hidraulicidad en las principales cuencas, más un
mayor volumen de importación de gas licuado ante una caída de la
producción de Bolivia y en un marco de tendencia al alza del precio
internacional que triplica al promedio de 2021», advierte Apud.
Con estos datos Apud estima que los costos de la energía serán más altos que en 2021, cuando se destinaron 10.900 millones de dólares a subsidiar la energía.
Si se quiere cumplir con el FMI y reducir el déficit fiscal de 3,1% a 2,5%, los subsidios energéticos deberían bajar entre 0,5 y 0,6% del PBI. Si se aplicara la segmentación de Basualdo, el subsidio rondaría 3% del PBI. Es decir, sólo el subsidio a la energía superaría la pauta de 2,5% acordada con el Fondo. No sirve.
«Si se quiere cumplir con el FMI, en cuanto a reducción del déficit fiscal primario de 3,1% a 2,5% en 2022, los subsidios energéticos deberían bajar entre 0,5 y 0,6% del PBI. Si se aplicara la segmentación de Basualdo, el subsidio rondaría 3% del PBI. Es decir, solo el subsidio a la energía superaría la pauta de 2,5% acordada con el Fondo. No sirve», concluye Apud.
También para la consultora PxQ que preside el ex vice ministro de Axel Kicillof, Emanuel Álvarez Agis, las tarifas deberían subir un 180% por encima de la inflación para equilibrar el nivel de subsidios.
Y en el mismo sentido se expresa Daniel Gerold, presidente de G&G Energy Consultants. «Los subsidios van a subir pese a que se aumenten la tarifa en dos veces de 20% cada una, y no una como pregona el sociólogo Basualdo», sostiene Gerold.
El último informe de esta
consultora señala que los datos de importación de energía no son
alentadores para cumplir con los objetivos de reducir los subsidios tal
como lo exige el FMI.
Según consigna G&G el consumo de gasoil en generación termoeléctrica aumentó del 110% interanual en diciembre 2021, en tanto la disponibilidad de gas natural para generación termoeléctrica de diciembre fue 0,6% inferior. Asimismo, la regasificación de gas natural licuado fue mínima en diciembre, con importaciones de gas desde Bolivia promedio en 10,4 millones de metros cúbicos diarios, lo que implica una caída de más del 29% comparado con diciembre 2020.
Agrega el mismo informe que la demanda bruta interna de energía de diciembre 2021 fue 9,5% superior a diciembre del año previo. En efecto, los datos oficiales de Cammesa de diciembre 2021 indican que el consumo de energía eléctrica marcó un incremento interanual de mas del 12,5% respecto al registro de diciembre 2020.
Fuente: La Política OnLine
