CAME informó que el procedimiento fue el viernes y alertó sobre la situación.
En una reunión del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se planteó ante los funcionarios nacionales la situación de endeudamiento que viven las pymes de todo el país y los procesos de embargos y procesos judiciales que existen ante la AFIP. Chubut tuvo un apartado especial.
Es que el dato más alarmante para las pymes chubutenses es que el viernes por la tarde ingresaron 60 embargos contra pequeñas y medianas empresas de la ciudad Esquel. La circunstancia se da en consonancia con la sanción de la emergencia en la provincia.
Según CAME, ante el conocimiento que desde la AFIP se darán medidas de excepción a las pymes chubutenses, comenzaron a acelerarse llamativamente los juicios y ejecuciones, lo cual puso en alerta al sector empresarial.
Anteriormente, CAME había dado a conocer que en Chubut se encuentran embargadas por la AFIP alrededor de 1.800 pymes. Por ello era fundamental la Ley de Emergencia Comercial, lo que abre la puerta para avanzar en las gestiones pertinentes que permitan postergar las ejecuciones y prorrogar vencimientos de impuestos nacionales.
El vicepresidente primero de la CAME, Diego Navarro, fue el encargado de reflejar ante los ministros del Gobierno Nacional (Rogelio Frigerio de Interior, Jorge Triaca de Trabajo y Dante Sica de Producción) la situación irregular de los abogados del organismo tributario, por su doble rol como personal de la AFIP, pero también como principales impulsores de los juicios contra las empresas para el cobro de honorarios.
El directivo de CAME, quien además pertenece a la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, remarcó que quienes ejercen su labor de asesoramiento legal dentro organismo tributario nacional, no pueden ser los mismos que después se benefician con la “persecución y la instigación de las empresas” que hoy se encuentran en una situación vulnerable, por cuestiones conocidas de la actual coyuntura económica.
Por otra parte, Navarro dejó en claro que en su tarea como letrados de AFIP, también poseen información privilegiada y acceden a datos de forma anticipada que inciden en el resultado final de los procesos judiciales contra las firmas.
