Los prestadores de servicios alertan que el control de precios y la Prestación Básica Obligatoria ponen en riesgo la calidad de los servicios de comunicaciones y la continuidad de más de 1.000 empresas en todo el país, con menores ingresos e inversiones.
Los prestadores de servicios de Internet, TV paga y telefonía celular advirtieron que el control de precios y la Prestación Básica Universal Obligatoria (PBU) anunciada este viernes por el Gobierno ponen en riesgo la calidad de los servicios de comunicaciones y la continuidad de más de 1.000 empresas en todo el país, con menores ingresos e inversiones, publica hoy el diario Clarín.
Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), planteó que «un control de precios por parte del Estado que no contempla la situación y estructura de costos de los diferentes tipos de operadores pone en riesgo de subsistencia a muchas pymes y cooperativas que prestan servicios de conectividad a Internet en la mayoría de las localidades del interior del país, ya que la fijación arbitraria de precios y porcentajes de aumento sin un análisis pormenorizado y criterioso de la estructura de costos, como la que se ha hecho en forma inconsulta y a las apuradas, obliga a los ISPs a vender a pérdida».
Es que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) resolvió descongelar los precios de Internet, TV paga y telefonía, con aumentos del 8% para los pequeños prestadores que no hubieran incrementado los precios durante este año y 5% para el resto de los operadores; en simultáneo con la obligación de dar a partir del 1° de enero una Prestación Básica Universal a unos 10 millones de habitantes de sectores vulnerables, que arrancará con precios de $150 mensuales para la telefonía celular y $700 para Internet, así como descuentos del 20 al 30% en TV paga.
«Entendemos perfectamente la necesidad de que la gente pueda acceder a la conectividad, pero no puede ser a costa de la subsistencia de las pequeñas empresas y emprendedores. Con la inflación acumulada durante el año y una devaluación de más del 30% en el valor del dólar oficial, estos aumentos no son suficientes para sostener ni siquiera la estructura de costos de los servicios de internet, mucho menos generar una rentabilidad mínima que permita afrontar las inversiones que las redes necesitan para seguir operando. Las pymes y cooperativas no tienen subsidios, no tienen acceso al capital, no tienen posibilidad de financiar sus operaciones a pérdida», añadió Graizer.
El presidente del ENaCom, Claudio Ambrosini, explica la reglamentación del DNU 690, durante la conferencia de prensa en Casa Rosada. A su lado, Micaela Sánchez Malcolm y Gustavo López. Gentileza ENaCom/Laura Montaldo.
En el mismo sentido se expresó Marcelo Tulissi, presidente de la Cámara Argentina de Cableoperadores Pymes (CACPy). «Fue una medida totalmente inconsulta con el sector y esto va a acelerar un proceso de menor inversión en un sector clave para el presente y el futuro de la economía».
Tulissi puso el ejemplo de un prestador de Internet que ahora brinda 12 megas a $1.000, pero que a partir del 1° de enero deberá ofrecerlo a $700 a un sector importante de su localidad. «No me compensa el 5% de aumento, con lo que tengo que dar con la PBU. Este año tuvimos que asumir toda la inflación, el aumento de costos y además la devaluación. Si a esto le agregamos la PBU, con este esquema no hay manera de seguir prestando servicios», dijo el representante de los pequeños prestadores del interior del país.
La Unión Argentina de Proveedores de Internet (UAPI) afirmó que el ENaCom pasó de ser un ente regulador de la industria a un verdugo de las empresas que mantienen conectados a todos los argentinos. Si su misión es garantizar el acceso a Internet a todos, deberían por empezar a no fundir deliberadamente a las pymes TIC».
Los grandes prestadores también alertaron sobre las dificultades que genera la nueva reglamentación oficial del DNU de las telecomunicaciones (690/20), que Alberto Fernández dictó en agosto pasado.
En Telecom destacaron que el DNU «cambió drásticamente las reglas de juego del sector al encuadrarlo como servicio público ‘en competencia’, congelando sus precios, algo que no existe en ninguna parte del mundo. El gobierno ha buscado intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y la competencia. Ahora con su reglamentación está destruyendo la ecuación económica de las empresas TIC, poniendo en riesgo la calidad de los servicios que prestan, su desarrollo, sus miles de puestos de trabajo directos e indirectos y con consecuencias en muchos casos, irreversibles».
«Nos ocupamos de la población más vulnerable desde el comienzo de la cuarentena», aseguraron en Telecom (una empresa cuyo 40% es de CVH, una compañía de los accionistas de Grupo Clarín). Y destacaron que los planes de «conectividad inclusiva» de Telecom ya alcanzan a 600.000 clientes y otros más de 700.000 mantienen sus servicios aún cuando tengan hasta siete facturas impagas. Es que la telefonía celular prepaga, que constituye el 60% de las líneas en servicio, y la telefonía fija tienen el mismo precio desde noviembre de 2019. Para el resto de los servicios el último aumento fue en marzo de este año, explicaron en Telecom.
Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro, aseguró que la empresa comprende «la difícil situación por la que estamos atravesando con la pandemia del Covid-19, lo que nos exige a todos un trabajo de mayor cooperación y diálogo, para encontrar soluciones equilibradas y de sustentabilidad para todos». Pero añadió que las «medidas de carácter estructurales como las anunciadas debieron haber sido el resultado de consensos, luego de un análisis profundo de sus alcances y de que efectivamente contribuirán al beneficio de todos».
Desde Movistar señalaron que el aumento del 5% «resulta insuficiente para cubrir los costos operativos de la industria. Está desactualizado, y atenta de manera directa contra el desarrollo y la sustentabilidad del sector. No se comprende cuál es el racional técnico que toman las autoridades para fijar sólo un 5% de actualización de precios. La tecnología evoluciona a pasos acelerados y demanda permanentemente un despliegue de infraestructura que garantice conectividad de calidad en diferentes zonas del país. La actualización de precios propuesta por las autoridades va en contrasentido de cualquier atisbo de visión de crecimiento y desarrollo», afirmaron en Movistar.
