El Observatorio de Tarifas de la UMET calculó la ganancia extra de las empresas de gas. Sólo por haber adelantado el aumento del gas al 1° de abril, cuando correspondía aplicarlo el 1° de mayo, el Gobierno le hizo un nuevo regalo al sector privado de la energía. Había un amparo presentado y el fiscal le dijo al juez Ziulu que lo tramite.
Nadie podrá reprocharle mezquindad a Juan José Aranguren. Así, el ministro de Energía les regaló a las empresas distribuidoras de gas nada menos que 2450 millones de pesos. En números redondos, unos 120 millones de dólares. Y eso solo en un mes, abril.
El Ministerio y el Enargás autorizaron a las empresas a aplicar el tarifazo de gas un mes antes de lo que correspondía. Pudieron hacerlo a partir del 1° de abril, cuando la reglamentación vigente solo les permitía actualizar los precios desde el 1° de mayo. Ésa es la razón del bonus track.
El regalo equivale a la mitad de los cinco mil millones que los científicos reclaman para que el sistema de ciencia y técnica quede igual en recursos que en 2017. La asignación universal por hijo llegó en marzo a los 1493 pesos. La suma que están recibiendo las transportadoras de gas representan la AUH mensual de 1.640.991 personas.
La cifra surge de una investigación del especialista Andrés Repar, miembro del equipo del Observatorio de Tarifas de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (OTA de la UMET), que pilotea el abogado Marcos Rebasa. El detalle del regalo figurará en el próximo informe del OTA, según pudo establecer este diario.
El diario PáginaI12 publicó un pedido de amparo presentado por otro integrante del Observatorio, el abogado Mariano Lovelli, director del Cepis, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad. Lovelli explicó en su escrito que el Ministerio de Energía y el ente regulador, el Enargás, a su entender violaron las normas del Estado con el adelanto de fechas.
“Son voraces con el bolsillo de la gente”, dijo Lovelli cuando presentó la acción de amparo. “No solo dolarizan, aumentan exageradamente las tarifas y quitan subsidios sino que ahora quieren adelantar los cobros.”
Cifras
El ingeniero Repar, miembro del Ieso, Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, que también forma parte del OTA junto con la Fundación Excelencia, explicó de este modo cómo llegó a los 2450 millones de dólares:
Tomó la cifra de los datos operativos del Enargás en abril del año pasado. A los usuarios residenciales fueron, en abril de 2017, 635.518 miles de metros cúbicos, o expresado de otra forma 635,5 millones de metros cúbicos.
Los usuarios que llevan la letra P (comercios y pequeñas y medianas empresas) recibieron 154,4 millones de metros cúbicos. A los usuarios de GNC les llegaron 210,5 millones de metros cúbicos.
El total entregado por todas las distribuidoras de gas del país trepó en abril de 2017 a mil millones de metros cúbicos de gas natural.
Si se toman las condiciones tarifarias del 1° de diciembre del 2017 se obtiene un promedio de recaudación de 7 pesos por cada metro cúbico, incluyendo el cargo fijo y los impuestos que son porcentuales de cada monto
El total a recaudar sin la suba tarifaria emitida por el Enargás al 27 de marzo último llegaba a una suma de 7.002,8 Millones de pesos.
El alza de las tarifas de un promedio piso del 35 por ciento implica un pago extra a las distribuidoras en abril del 2018, entonces, de 2.450,98 millones de pesos.
“Vale indicar, para empeorar las cosas, que los incrementos mayores se dieron en las categorías más bajas (R1, R21, R22 y R23) porque fueron del orden del 38,8 al 40,77 por ciento en las distribuidoras más importantes”, añadió Repar.
Fiscal
El amparo presentado por Lovelli y el Cepis todavía espera una decisión del juez. Pero ya consiguió el dictamen a favor del fiscal federal número dos de La Plata, Guillermo Héctor Ferrara.
El fiscal dijo que la Justicia es competente para tramitar el pedido del Cepis, según establecen la Constitución y las leyes.
También opinó que fuero federal de La Plata es competente desde el punto de vista territorial porque las resoluciones de aumento impugnadas por el Cepis producen efectos también en los partidos de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Punta Indio, Magdalena y General Paz (ex Ranchos).
Para la fiscalía, el Cepis puede representar sin duda a los usuarios residenciales, que según la Corte Suprema formarían un conjunto homogéneo.
De todo eso surge que el juez federal de La Plata Adolfo Ziulu debería tomar la causa e inscribirla en el registro de acciones colectivas.
Lovelli dijo que el adelanto de cobro es “arbitrario, ilegal y a todas luces inconstitucional”.
El 3 de abril último, el periodista de La Nación Pablo Fernández Blanco informó sobre la alegría oficial por el hecho de que “a cambio de la reestructuración de tarifas, las empresas se comprometen a la cancelación de varios juicios que hace años radicaron contra el país en el Ciadi (el tribunal del Banco Mundial encargado de dirimir las diferencias entre compañías y Estados) o en otros tribunales internacionales”. Según funcionarios de Energía citados por el periodista, en abril, mayo y junio el total de litigios de los que desistirían las empresas sumarían unos 3400 millones de dólares. Las demandas habían sido iniciadas por la pesificación de las tarifas después de la crisis del 2001.
El Gobierno de Mauricio Macri viene argumentando que los subsidios a la energía fueron el origen mayor del déficit fiscal y que por eso debe actualizar las tarifas de gas y luz. Pero según el OTA la reducción de subsidios estatales se convierte, en realidad, en un modo de que los usuarios residenciales e industriales subsidien a las empresas de energía.
