Es por una denuncia de extorsión que presentó el diputado provincial del unibloque “Integrando Chubut”, Sebastián López, respecto a la difusión de una cámara oculta. Asegura que Torres lo presionó para cambiar su voto por la minería.
La Justicia provincial abrirá la investigación por las presuntas “amenazas agravadas” que denunció el legislador provincial Sebastián López contra el diputado nacional Ignacio “Nacho” Torres por la difusión de una cámara oculta, vinculada a la aprobación del proyecto de desarrollo minero en Chubut.
López, diputado provincial del unibloque “Integrando Chubut”, realizó la denuncia por la difusión de la cámara oculta donde se lo observa teniendo una conversación donde ofrece sus servicios de “lobby” vinculados a la actividad minera.
Según el denunciante, la reunión se dio en 2018 en Buenos Aires en un contexto donde no era diputado y buscaba abordar inversiones en la provincia.
López denuncia que previo a la difusión del video recibió amenazas por parte de “Nacho” Torres para que cambie su postura en la legislatura provincial o sino iban a difundir la cámara oculta.
Según López, el inicio de la situación se dio luego de una asamblea del PRO provincial en la que se debatieron las posiciones en torno a la ley de zonificación que se debate en la Legislatura, sobre la habilitación de emprendimientos mineros en la provincia.
López asegura que, cómo su postura es a favor de la minería, comenzó a recibir mensajes y amenazas por parte de la dirigencia del PRO.
Incluso asegura que uno de sus asesores “fue visitado en su domicilio particular, sin invitación previa, en horas de la noche por el propio Torres, donde le mostraron el video y le dijeron que “era muy comprometedor” y que “si llegaba a salir a la luz sería el final de mi carrera política”.
Para ello le pedían que vote en contra de la minería, pero como López no cambió su postura, según su denuncia, realizaron la difusión del video, que fue publicado inicialmente en medios nacionales.
Código Penal
Tras la difusión del video, la cúpula del PRO encabezada a nivel local por Torres denunció a López, y esa causa judicial tramita en los tribunales federales.
La investigación judicial local, sobre la cual se pedirá la apertura de investigación, será por el delito de “amenazas agravadas”.
El Código Penal argentino, en su artículo 149 ter segundo párrafo, prevé “de cinco a diez años de prisión si las amenazas tuvieran como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”, en este caso, modificar el voto de un diputado.
Resta ahora aguardar cómo finalizará este nuevo proceso penal en la provincia.
Fuente: diariojornada.com
