A esta altura de los acontecimientos que caracterizan a la economía nacional hay que preguntarse si la pobreza aumenta a pesar de los planes sociales, o, si, por el contrario, los planes sociales terminan generando más pobreza; o se está frente a una mezcla de ambas cosas.
En primer lugar, es importante tener en cuenta –según publica Infobae– que el gasto público social representó el 69% del gasto total consolidado en 2020.
Claramente la economía argentina es una economía del “bienestar” en que el Estado interviene activamente en los que se llaman programas sociales; y está presente dónde no debería estar y no está presente donde debería estar. No debería estar presente el Estado con tanto gasto social porque lo normal es que la gente pueda mantener a su familia con el ingreso de su trabajo diario, comprar su casa con ahorros o crédito hipotecario del sector privado y educar a sus hijos con recursos genuinos. Y debería estar más presente el Estado con una justicia que funcione con celeridad, aportando seguridad que hoy brilla por su ausencia, en particular en las zonas más humildes del país, y defensa.
Según datos del Ministerio de Economía, el gasto público social consolidado (nación, más provincias y municipios) en relación al PBI pasó de representar 14,5% en 1980 a 32,3% en 2020. Es decir, que los recursos destinados a ese rubro más que duplicaron en valores reales.
Y si se toma, año anterior a la pandemia de COVID-19 para que no influyan los IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) y gastos en salud por la pandemia, más la caída del PBI por la cuarentena, el gasto social consolidado/PBI fue del 27,4%, prácticamente el doble de lo que se destinó en 1980, producto del crecimiento acelerado observado a partir de 2006 con el viento de cola de la soja y la fiesta populista que se dispara durante el kirchnerismo.
¿Qué pasó con la pobreza en esos 30 años? Siguiendo la serie con la metodología antigua que elabora la UCA se observa un salto del 8,3% de la población en 1980 a 33,8% en 2020, con dos grandes picos en la hiperinflación de 1989 y en la salida desordenada de la convertibilidad en 2002, cuando empezó la fiesta de los planes sociales y siguió creciendo hasta ahora a niveles que son inmanejables.
Desequilibrio estructural
Ni con el viento de cola de los precios internacionales de la soja y el singular aumento del gasto social se logró perforar el piso del 20% de la población en estado de pobreza.
De la comparación de ambos gráficos precedentes surge claramente que la reversión de ese proceso no está en seguir gastando cada vez más en lo que se llama gasto social que incluye planes sociales, salud, educación, vivienda, pensiones contributivas y no contributivas, etc. No es haciendo más populismo de repartir más dinero que se termina con la pobreza.
Es más, podría afirmarse que ese continuo aumento en el gasto público que se explica en gran medida por el gasto social consolidado, causa más pobreza porque se traduce en una cultura de la dádiva que desestimula a mucha gente a conseguir un trabajo formal. En muchos casos, prefieren vivir del ingreso de varios planes y con algunas changas vivir al día.
Pero, además, ese gasto “social” se traduce en más inflación y/o carga impositiva porque de alguna manera hay que financiarlo. Y con más inflación, y más impuestos aumenta la tasa de desocupación y se afecta la tasa de inversión porque no hay forma de hacer cálculo económico.
Según el informe anual de Doing Business que presenta el Banco Mundial, Argentina sigue ostentado el segundo lugar en el ranking de países en los cuales las empresas pagan más impuestos, detrás de la Isla de Comoras.
Obviamente, no son los dos únicos factores que influyen para aumentar la pobreza. Además, el populismo creciente genera imprevisibilidad en las reglas de juego y políticas confiscatorias que espantan el ahorro interno y la inversión. Las regulaciones que establece el Estado son otro de los factores que alienta la informalidad y desalienta la inversión, generando baja productividad y salarios reales magros.
En definitiva, quienes dicen que vienen a ayudar a los pobres con un Estado presente, lo único que han logrado es incrementar la pobreza, la indigencia y el desempleo, aunque se disimule con el “efecto desaliento” a buscar trabajo y precariedad laboral.
La salida de la pobreza no será a través del aumento del gasto social, sino de los incentivos a la inversión productiva y el empleo, para primero terminar con la desocupación y la pobreza, y luego mejoran los ingresos reales promedio.
Si a los datos de gastos sociales se le agrega el aumento del empleo público a nivel nacional, provincial y municipal, se obtiene una combinación letal para que el populismo enquistado en Argentina sea una fábrica de pobres.
La función del Estado
No es el Estado quien va a terminar con la pobreza vía planes sociales y demás gastos de ese tipo, ni el con aumento del empleo en la administración pública. La función del Estado es como la del jardinero, no crea la planta, solo la riega y la cuida para que pueda crecer. En economía pasa lo mismo.
El Estado no es el que tiene que generar la riqueza, sino crear las condiciones necesarias (seguridad jurídica, podar las regulaciones, limpiar la presión de las corporaciones sindicales y empresariales) para que sea la capacidad de innovación de sus habitantes y empresas la que cree la riqueza y termine con la pobreza.
Claramente, se insiste en transitar por el camino equivocado. Persistir en la idea de más Estado presente será aumentar la pobreza hasta niveles insospechados.
