Este martes se cumplen tres años del asesinato de Lucio Dupuy en la ciudad pampeana de Santa Rosa, un caso que conmocionó a todo el país. Su madre Magdalena Espósito Valenti y la pareja de ella, Abigail Páez, fueron condenadas por violencia física y abuso sexual contra el menor.
Desde entonces, la familia del chico no paró de pelear por justicia y para que un crimen de estas características no vuelva a ocurrir. El año pasado, además de que se confirmaron las perpetuas para las culpables, el Gobierno promulgó la Ley Lucio, que busca prevenir la violencia y los abusos contra los niños, niñas y adolescentes.
El caso movilizó a todo el país, no solo por el historial de violencia que padeció el nene de cinco años entre las cuatro paredes de su casa, sino también por las fallas de un sistema que no advirtió las señales y que no supo protegerlo.
Maltrato sistemático, odio de género y un final trágico
La noche del 26 de noviembre de 2021, Lucio llegó al hospital Evita de La Pampa en brazos de Páez. Los registros del centro de salud indicaban que la mujer entró gritando que el nene no respiraba. Los médicos intentaron reanimarlo, pero ya era tarde. Lo que encontraron durante el examen forense fue estremecedor: tenía fracturas antiguas y recientes, quemaduras, mordeduras y lesiones compatibles con abuso sexual.
La autopsia concluyó que murió por una golpiza que le provocó una hemorragia interna y un estallido hepático. Los especialistas también determinaron que había sido víctima de violencia física y sexual de forma reiterada en los meses previos a su muerte.
El nivel de ensañamiento generó una condena social inmediata. A medida que avanzó la investigación, pudo conocerse que las responsables del crimen habían obtenido la custodia de Lucio a través de la Justicia de Familia.
El juicio a las mujeres fue seguido de cerca por todo el país y concluyó con condenas a perpetua. Páez fue encontrada culpable de homicidio doblemente calificado y abuso sexual gravemente ultrajante, mientras que Espósito Valenti recibió la misma condena por el homicidio, aunque no se probó su participación en el abuso.
A pesar de eso, la Fiscalía apeló la absolución la madre del menor por el delito de abuso sexual. En febrero de este año, el Tribunal de Impugnación le dio la razón a la acusación, también en manos de la querella, y le agregó ese delito a la condena impuesta.
Una de las pruebas expuestas durante el juicio eran los mensajes de texto que Espósito Valenti y Páez intercambiaron antes del crimen. En esos chats, que la Fiscalía presentó para comprobar que existía una relación abusiva, había expresiones de desprecio y odio hacia Lucio.
En uno de los mensajes, Páez escribió: «No lo soporto más, me saca de quicio». En otro, Espósito Valenti respondió con frialdad: «Si no te gusta, vos te lo buscaste». Incluso, llegaron a bromear sobre las formas en que lo castigaban. Para los fiscales, consideraban al nene como «una carga» en su relación.
En una conversación que tuvieron apenas días antes del asesinato, Espósito Valenti comentó que Lucio había vuelto a orinar en la cama y calificó la situación como «insostenible». Páez, lejos de mostrar empatía, sugirió castigarlo de manera violenta.
El traslado de las condenadas: el fin de un privilegio
Después de las sentencias, las acusadas compartieron celda en un penal de San Juan, lo que generó indignación en los familiares de Lucio. Fueron separadas recién este año: Espósito Valenti fue trasladada al Complejo Penitenciario Federal N°6 de Mendoza, mientras que Páez se quedó en la cárcel de San Luis.
El abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, describió que ambas estaban viviendo en un «pabellón VIP», donde antiguamente eran alojadas las mamás con hijos. «Estaban ellas dos solas, custodiadas y salían al patio sin compañía. Tenían televisor, equipo de música, un placar lleno de ropa, hacían actividad al aire libre y tenían talleres. Todos estos son privilegios que muchos privados de la libertad no tienen, incluso habiendo cometido delitos menores. Estaban como en su propia casa, en una luna de miel», detalló.
Por pedido de la familia del nene, la Justicia decidió separarlas de celda. Es por eso que tanto Espósito Valenti como Páez hicieron una huelga de hambre. A pesar de eso, se estableció que cumplan condena en distintos penales. El cambio buscó «evitar conflictos internos» y respondió al repudio social por el supuesto privilegio otorgado a las condenadas. «Este traslado cerró una etapa de cuestionamientos sobre las condiciones en las que cumplían su pena», describió una fuente consultada. La medida fue avalada por el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, junto con el Servicio Penitenciario Federal y la Justicia de La Pampa.
La causa por omisiones y el silencio de los que debían protegerlo
Uno de los aspectos más controversiales de este caso es la cadena de omisiones que permitió que Lucio fuera víctima de violencia, incluso cuando las señales eran evidentes. Durante sus últimos meses de vida, el chico asistió repetidas veces al hospital con fracturas, hematomas e incluso mordeduras, pero ningún profesional de la salud realizó denuncias. Las autoridades escolares tampoco accionaron a pesar de las marcas visibles en el cuerpo y el cambio de conducta.
A partir de una denuncia presentada el 14 de noviembre de 2022 por el abogado José Mario Aguerrido, representante de la familia Dupuy, empezó una investigación para determinar si hubo negligencias por parte de al menos diez trabajadores de la salud pública y el ámbito educativo.Los registros médicos evidencian que Lucio fue llevado a distintos centros sanitarios de Santa Rosa varias veces desde finales de 2020, cuando quedó al cuidado exclusivo de su madre y de Páez, hasta el 26 de noviembre de 2021, día en que fue asesinado. Durante ese tiempo, el chiquito sufrió múltiples lesiones que no fueron reportadas ni denunciadas como posibles casos de maltrato infantil.
Una de las heridas más llamativas fue un corte en el mentón. La causa nunca quedó registrada formalmente. La denuncia de la familia Dupuy además cuestiona que en otra ocasión Lucio no recibió la atención médica adecuada, ya que no habría usado la férula indicada para una lesión previa. «La falta de atención también resulta una forma de maltrato», subrayaron.
En la presentación de Aguerrido también se requirió la investigación de personal policial, ya que se pidió analizar su actuación ante la alerta de un vecino que había avisado de la existencia de un niño golpeado o maltratado.
La investigación sigue en curso y apunta a determinar si estas omisiones constituyeron un eslabón clave en la cadena de desprotección que permitió el desenlace fatal, aunque todavía sin resoluciones visibles.
Aguerrido explicó a TN que «no tienen acceso a la causa», porque es un delito de acción pública contra funcionarios del Estado. «No pudimos constituirnos como parte querellante. Sabemos que la fiscalía había pedido unas medidas de prueba, pero no nos notificaron resultado alguno del proceso», reveló.
En este caso paralelo interviene la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Justamente, según trascendió hace algunos meses, la FIA hizo un relevamiento sobre el desempeño del personal bajo observación, y consultó a distintos especialistas y a la Sociedad Argentina de Pediatría.
El crimen de Lucio también derivó en un pedido de jury contra la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora Elisa Catalán, que le habían otorgado la custodia a las asesinas. Ambas habían sido suspendidas en sus funciones al frente de Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 1 y de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes N° 2 de General Pico, respectivamente.
En ese expediente, Pérez Ballester le entregó la tutela de Lucio a su tía política, Leticia Noemí Hidalgo, el 2 de julio de 2019, porque la madre no estaba en condiciones económicas de mantenerlo. Ocurrió después de realizarse un estudio socio-ambiental que demostró la idoneidad de la familiar para hacerse cargo del niño. La entrega se hizo de común acuerdo con Espósito Valenti.
El 4 de noviembre de 2020, Pérez Ballester homologó un nuevo acuerdo para dejar sin efecto la tutela y que la tenencia volviera a ser ejercida por la madre, ya que había conseguido un trabajo estable, vivía en Santa Rosa y estaba en condiciones de atenderlo. Catán, al darle vista del acuerdo, no puso objeciones.
En esa causa, el fiscal general de La Pampa les había imputado a las funcionarias no oír a Lucio, no citar al padre, no haber actuado de oficio, no darle intervención al equipo técnico interdisciplinario del Poder Judicial y no informar a la autoridad de aplicación de que el niño podría haber sufrido lesiones. Sin embargo, el Jurado de Enjuiciamiento absolvió por mayoría a las dos funcionarias.
En cuanto a la causa por el homicidio, el abogado de la familia de Lucio confirmó que todavía quedan pendiente resolver cuestiones indemnizatorias para la familia de Lucio. A su vez, recordó que hicieron un pedido para investigar a la provincia de La Pampa por «daños y perjuicios», ya que sostienen que no se resguardó la historia clinica del nene.
Además, sigue en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pedido de incluir el homicidio por razones de odio de género, que llegó por vía recursiva indirecta y, como el órgano judicial no tiene un plazo límite para resolver, podría tardar mucho tiempo.
La Ley Lucio: un avance hacia la prevención
En marzo de 2023, el Gobierno promulgó la Ley Lucio, una normativa impulsada por la familia del nene como respuesta al brutal crimen que conmocionó al país. La ley establece un Plan Federal de Capacitación obligatorio para quienes trabajan en los tres poderes del Estado, enfocado en la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en la detección temprana de casos de violencia o abuso.
Ramón Dupuy, una de las figuras más visibles en la lucha por justicia, celebró este avance como un homenaje a su nieto: «Esto lo logró la Argentina entera. Es una manera de honrar la memoria de Lucio y proteger a otros chicos que puedan estar en riesgo».
La ley también introduce mecanismos para garantizar la reserva de identidad de quienes denuncien situaciones de violencia, lo que ofrece mayor seguridad a quienes decidan actuar frente a posibles abusos.
Además, establece la realización de campañas de concientización semestrales en medios de comunicación y redes sociales para informar sobre los derechos de los niños y las herramientas disponibles para prevenir el maltrato.
De esta manera, la legislación se convirtió en un paso clave hacia un sistema más preparado para intervenir y evitar que historias como la de Lucio vuelvan a repetirse.
