El IPV Chubut es posiblemente el organismo del Estado que más esperanzas y alegrías genera, y también el que mayores desilusiones causó a miles de chubutenses desde aquel 25 de Enero de 1974, año en que la Honorable Legislatura del Chubut, sancionó la Ley N° 1134, ahora re numerada como Ley XXV – N° 5. Por Luis Dupuy
De los 600 mil habitantes que en la actualidad viviríamos en Chubut, un 20 por ciento aproximadamente, tienen el sueño de alguna vez poder tener una vivienda propia, y aspiran a lograrlo con las casas que entrega el Instituto. Los inscriptos en el Registro permanente de Postulantes, según datos oficiales al 31 de Diciembre de 2010, eran 31.791 ciudadanos, y ya algunos analistas de la problemática habitacional provincial estiman que serían unos 33.000 los postulantes existentes al 31 de Diciembre del 2011, dato este que será confirmado en poco tiempo más, y que permite hablar de unos 120 mil chubutenses involucrados al considerar que la mayoría de los postulantes son cabeza de familias tipo de cuatro miembros.
El sospechado IPV
En estos 38 años abundan los relatos sobre presuntos actos de corrupción, de favoritismos hacia algunas personas o sectores sociales en la adjudicación de viviendas, tráfico de influencias, las quejas por construcciones inadecuadas y de calidad deficitaria, valores excesivos de las cuotas en algunos planes, las grandes demoras con años de espera en vano, y las historias de adjudicaciones inmerecidas, como aquellas que involucra a quienes recibieron una unidad la vendieron y después le adjudicaron otra casa más.
Buzzi y el Decreto N° 140
El Decreto N° 140 firmado por el Gobernador Martin Buzzi, designó como Fiscal de Estado al Dr. Hefin Blas Meza Evans, un reconocido hombre del Derecho, de prestigiosa trayectoria profesional, y también de larga militancia en el Partido Justicialista, de quien se espera pueda llevar adelante muchas investigaciones relacionadas con presuntos ilícitos de la era de Mario Das Neves. Entre los temas, que gran parte de la sociedad espera que sean revisados, por este Fiscal que es uno de los funcionarios nuevos que tiene más alta credibilidad, está el relacionado al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano del Chubut.
Conforme a Derecho o ilegal
Toda injusticia duele. Y hay mucho dolor entre los chubutenses como consecuencia de diferentes situaciones no deseadas. Por ejemplo muchas de las adjudicaciones realizadas por el IPV Chubut en su historia, han sido cuestionadas por haber sido hechas de manera injusta y en beneficio de personas que no necesitaban una vivienda provista por el Estado, y en otros centenares de casos por haber accedido los beneficiarios de manera irregular, en violación a la Ley, el Decreto Reglamentario y las Resoluciones vigentes para la selección y adjudicación.
Mucho ya han informado los medios de comunicación del Chubut, sobre el Padrón de Adjudicatarios de viviendas entregadas a partir del año 2004 en adelante, en el que aparecen apellidos y nombres iguales a los de funcionarios y de Diputados y familiares directos de los mismos, algunos de los cuales siguen ahora trabajando tanto en el Poder Ejecutivo como en la Legislatura del Chubut. Padrón que es solo parcial, ya que faltarían unos 6.500 nombres de quienes fueron adjudicatarios de las 14.000 viviendas nuevas que dijo el gobierno saliente haber entregado en sus ocho años, y que nunca quiso mandar a publicar.
El pueblo de la Provincia merece y necesita volver a creer en sus autoridades e instituciones, y para ello es imprescindible que se adopte una política de Estado Abierto, que no oculte datos que son públicos, que permita el acceso a la información, y que no desinforme sistemáticamente, como ocurriera en el pasado inmediato con el Modelo Chubut.
Es de esperar que en relación a esas personas que están en los listados de adjudicatarios y que tienen nombres iguales u homónimos al de ciudadanos que fueron y son funcionarios públicos, se aclare y publique si fueron beneficiarios que recibieron esas casas legalmente o no. Y en este último caso que se proceda conforme a Derecho, al igual que con todos aquellos casos que involucra a personas que no tienen relación con la militancia política, pero que también habrían sido beneficiadas de manera indebida, y en principio en ambos casos, de manera no ética y moral.
Una historia con 32.498 viviendas
Según la última Revista Oficial del Consejo Nacional de la Vivienda, del mes de Diciembre de 2011, se han entregado en Chubut desde el año 1976 y hasta el año 2009, 25.585 viviendas y soluciones habitacionales del Programa FO.NA.VI.
Mientras tanto el informe de Auditoria realizado en Abril del año pasado, por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, dice que en nuestra provincia al 31 de Diciembre de 2010, eran 32.498 las viviendas adjudicadas desde que comenzó el FO.NA.VI. en Chubut.
Un déficit muy preocupante
Entre el 2009 y el 2010 se anotaron 1.597 nuevos postulantes, y de mantenerse el mismo porcentaje de crecimiento poblacional y de necesidades habitacionales, ya podríamos estimar en unos 33.000 los postulantes que estarían anotados en el Registro Permanente de Postulantes del I.P.V.
El recientemente desaparecido Diputado Provincial José Luis Quintana, quien elaboraba un Proyecto de Ley para modificar la actual norma en procura de optimizar la actual ley, y lograr que la modificada fuera una herramienta más realista, solía comentar que conocía muchos casos de personas que ni siquiera querían anotarse en el Instituto, porque consideraban que era una pérdida de tiempo, y que las posibilidades de obtener una casa son muy remotas.
Históricamente Chubut percibe el 3,2 % del total que el Estado Nacional destina a programas habitacionales, esto significa una asignación anual de unas 2 mil viviendas para nuestra provincia. Si estimamos en 33 mil los anotados y una capacidad de producción anual de dos mil casas solamente, se entiende por qué existirían muchos chubutenses que ni siquiera piensan en inscribirse como postulantes, ya que no estarían dispuestos a esperar más de 12 a 15 años, en el mejor de los casos, comentaba “Cacho” Quintana.
El conocido cumpli – miento
Es mucho lo que se podría escribir sobre los 38 años de nuestro Instituto Provincial, y es difícil seleccionar que temas abordar en pocas líneas. Uno que entiendo merece ser analizado es el referido a la falta de difusión pública de acciones relacionadas con la selección y adjudicación de los postulantes a las unidades habitacionales, tal lo acontecido en los ocho años últimos en particular en un gobierno que tenía el slogan, “Ser transparente ser Chubut”, y que no debiera repetirse nunca más.
La Ley 1134 estableció el sistema de “puntaje” pero el mismo fue dejado de lado por la gestión pasada de Das Neves, según lo concluye la auditoría hecha por Nación, es decir que en principio así se habría violado la ley vigente. Tampoco se ha dado cumplimiento a la Resolución 1044/91 que estableció un Instructivo de Procedimiento para la Selección de Postulantes y Adjudicación de Viviendas, que entre otros aspectos obliga a publicar durante 20 días las listas de postulantes en los medios de comunicación y lugares oficiales intervinientes, y además abrir un registro de impugnaciones. Si se diera cumplimiento a este procedimiento disminuirían las sospechas sobre presunta corrupción en el IPV, al posibilitar un control ciudadano que hoy desgraciadamente no existe.
El dicho y los hechos
Dice la ley dada hace 38 años, un 25 de Enero de 1974, durante la gobernación de Dn. Benito Fernandez: Artículo 4°) “Será función específica del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano: a) Planificar y realizar la construcción de viviendas, tanto urbanas como rurales, para su venta o arrendamiento especialmente a familias de limitados recursos económicos”.
¿Cuántos casos de adjudicatarios hay, que son públicamente conocidos, que no son precisamente familias de “limitados recursos económicos”?
El artículo 29° de la Ley de creación del IPV, ahora denominada ley XXV- N° 5, manda: “El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, a través de un concurso público procederá a contratar anualmente una auditoría externa, cuyos resultados serán publicados en el Boletín Oficial”.
De más está decir que tampoco encontrará el habitante que lo busque en el Boletín Oficial el resultado de la auditoría anual. Sí va el ciudadano a encontrar una Resolución del IPV, que todos los años dice lo siguiente: Artículo 1°.- “Tomar razón del Informe de Auditoría correspondiente al Ejercicio (xxx) elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, que en virtud de su volumen queda archivado en Secretaría de este Organismo para su consulta”.
Es decir, si usted vive en Lago Blanco, Lago Puelo, Rada Tilly o Telsen, puede venir a Rawson, pasear un poco, gastar algunos pesos de los que seguramente le sobran, y con suerte podrá acceder a una copia de la Auditoría que anualmente hace Nación, y enterarse así sobre lo que dice ese voluminoso informe de más de 120 páginas, al menos esta es la cantidad de páginas promedio, en los últimos ocho años, aunque sepa usted que las Conclusiones suelen estar resumidas en pocas hojas.
Cuatro son las utilizadas en la Auditoría hecha el pasado año por el Cdor. Javier Ferrari, la Lic. Malka Hancevich, y los arquitectos María Elena Mazón y Federico Pomares. Es decir que al menos las ”Conclusiones” sí podrían publicarse en el Boletín Oficial.
Lo llamativo es por ejemplo, que el Banco del Chubut S.A., anualmente publica en el Boletín Oficial su balance que es tanto o más grande que la Auditoría al IPV Chubut, sin ningún problema, o sea se puede publicar si se quiere.
¿Será acaso que el IPV Chubut tiene algunas cosas para ocultar?
Un saludo y expresión de deseos
Párrafo aparte y merecido por cierto para quienes trabajan en el IPV Chubut, y que son parte de la historia de este ente autárquico que también tiene varias decenas de empleados honestos y capaces, que simplemente cumplen con sus obligaciones, y muchos de los cuales llevan años en el IPV, que suelen ser receptores de las quejas y lamentaciones de centenares de postulantes frustrados, y que nada tienen que ver en las decisiones cuestionadas que cometieron algunos directivos a lo largo de los 38 años de su creación.
Seguramente muchos de esos mismos empleados, que según las auditorías de Nación eran 164 en el año 2004 y que alcanzaban a 426 agentes en el 2010, serán parte de los ciudadanos del Chubut que verían con agrado las posibles actuaciones del Fiscal Hefin Blas Meza Evans, al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano del Chubut.
