A un mes de decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio para combatir el avance del COVID-19 en el país, varios fueron los interrogantes que surgieron respecto cuál era la situación sanitaria para hacer frente a la pandemia. Qué números y políticas las autoridades debieran hacer públicas y no lo hacen.
El aislamiento social preventivo y obligatorio decretado el 19 de marzo por el presidente cumple hoy un mes. Con extensiones de por medio, se espera que dure hasta el 26 de abril.
La medida fue tomada en la Argentina de manera prematura respecto a otros países con el objetivo de dar batalla a la pandemia por el coronavirus, que por esa fecha comenzaba a mostrarse sin freno en varios lugares del mundo.
En medio del recorrido, surgieron dudas acerca de lo preparado -o no- que estaría en sistema sanitario argentino, en caso de que el país deba afrontar un pico de casos como había ocurrido en países como Italia, España o los Estados Unidos. Si los respiradores serían suficientes, si habría camas de terapia intensiva para todo el que las necesitara, si los tests que se realizan en la Argentina son suficientes y acordes a la densidad poblacional o si la cantidad de casos positivos de COVID-19 informados por las autoridades sanitarias era el real fueron sólo algunos de los interrogantes que tanto especialistas como integrantes de la población en general planteaban por diferentes vías.
Julián Obiglio es ex diputado nacional y director ejecutivo de la Fundación Nuevas Generaciones, creada en 2009 por un grupo de relevantes dirigentes de diversos partidos políticos de la Argentina. Y enumeró los datos e informaciones que, a su entender, el Gobierno debiera compartir con el total de la sociedad:
1. Cantidad de camas de internación general, terapia intermedia y terapia intensiva (públicas y privadas) operativas en el país (con apertura de datos por provincia y sus principales ciudades).
2. Ocupación promedio de dichas camas a la fecha del informe.
3. Camas liberadas por reorganización de intervenciones programadas y otros supuestos similares.
4. Cantidad de médicos y enfermeros (en el sector público y privado) formado en terapia intensiva con especialidad en cuestiones respiratorias, neumonológicas y pulmonares, en la última semana.
5. Cantidad de capacitaciones dictadas a médicos y enfermeros (público y privado) para atender responsabilidades de terapia intensiva con especialidad en cuestiones respiratorias, neumonológicas y pulmonares, en la última semana.
6. Cantidad de respiradores (para brindar asistencia respiratoria mecánica) operativos en el país, públicos y privados (con apertura de datos por provincia y sus principales ciudades).
7. Cantidad de personas testeadas en la última semana.
8. Cantidad de personas diagnosticadas con resultados positivos para COVID-19 y mapeo de casos por barrios específicos de residencia. Indicación de tipo de test utilizado para cada uno de los diagnósticos positivos.
9. Tipo de test que se utilizan en el país, discriminados por procedencia, partida y proveedor.
10. Capacidad de testeo máxima operativa, discriminada por institución y localización.
11. Tiempo de demora entre la realización del test y la obtención del resultado, discriminada por localización.
12. Cantidad de muestras obtenidas en espera para ser procesadas, si existieran.
13. Criterios aplicados para la realización o no del test a los pacientes, indicando protocolo específico, en caso que lo hubiera.
14. Cantidad de tomógrafos operativos en el país, públicos y privados (y si ello fuera posible, con apertura de datos por provincia y sus principales ciudades).
15. Stock de medicamentos retrovirales que se están utilizando en otros países del mundo para la atención de pacientes con COVID-19.
