El senador oficialista, uno de los principales promotores de la iniciativa, destaca que se venció la “resistencia” de las mineras que querían impedir su sanción y vaticina que ahora tratarán de judicializar el asunto.
Satisfecho por la aprobación de Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares, el senador oficialista Daniel Filmus –uno de los principales impulsores del proyecto en el Congreso– asegura que la pelea de fondo fue vencer la resistencia de las “corporaciones mineras que no querían que se sancionara una ley nacional” que las condicione. “No estamos en contra de la minería, pero nuestra prioridad es proteger el agua como el derecho humano más importante después de la vida”, aseguró durante el debate en el recinto del Senado. Ahora reafirma que la Presidenta no vetará la ley y que el Gobierno “no va a someterse a los intereses de las corporaciones” que intentarán judicializar la resolución del Congreso.
–¿Cuál es el eje central de la ley que aprobó el Senado?
–El núcleo central de la ley es que vamos a hacer un inventario de glaciares. El inventario se tiene que hacer cada cinco años, porque los glaciares retroceden o avanzan. En 60 días el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) tiene que presentar un proyecto, empezando por las zonas que podrían estar afectadas y que en 180 días tendría que tener una resolución favorable o no. Ahí el juez dispone si esto se puede solucionar con mejor tecnología o se tiene que cerrar o trasladar, además del resarcimiento que se tiene que hacer. El deterioro ambiental no es retroactivo.
–Pero el debate por la ley de glaciares en el Senado se planteó en términos de la defensa de los recursos naturales versus la defensa de puestos de trabajo, o agua versus minería. ¿Estas dicotomías son reales?
–Es una de las grandes discusiones de la humanidad en estos momentos: cómo hacer para que el desarrollo y el crecimiento sean compatibles con la sustentabilidad ambiental. Por eso fue tan discutido y debatido este tema. Porque había que buscar una forma en que no solo la minería sino la industria y la obra pública puedan seguir creciendo pero poniendo como objetivo principal no tocar las reservas de agua en la Argentina, que en su gran mayoría están en las zonas glaciares y periglaciales. Lo que discutieron las dos Cámaras ha sido privilegiar el agua por encima de cualquier otro tipo de explotación, particularmente la minera.
–¿Cuál es la diferencia entonces entre la media sanción del Senado y la de Diputados?
–Las diferencias eran menores, no eran trascendentes.
–Si los dos proyectos protegían el medio ambiente, ¿por qué entonces se dio esa discusión tan fuerte y no hubo posibilidades de acuerdo?
–La diferencia central no era entre uno u otro proyecto, porque participé de la elaboración de los dos: los dos defendían los glaciares aunque con matices. La estrategia de quienes buscábamos un proyecto versus los que no querían ningún proyecto, como lo hicieron los que firmaron una solicitada (las empresas mineras) diciendo que la Argentina ya tenía legislación en materia ambiental y no necesitaba ningún otro proyecto, aunque después cambiaran de estrategia porque eso no era políticamente correcto. Pero la primera decía concretamente que “Argentina ya tiene legislación”. Estos sectores apostaban a que le vuelva a llegar a las manos de la Presidenta la misma ley que había vetado y ponerla en una disyuntiva en la que aprobaba una ley que tenía incorrecciones pero el acompañamiento de la opinión pública o le doblaban el brazo teniendo que volver a vetar lo que antes había vetado. Y entonces no habría ley.
–También hubo otras discusiones. La definición de la región periglacial provocó controversias entre los dos proyectos.
–Pero a una restricción mayor para la actividad minera, a partir de una ampliación de la zona periglacial como plantea el proyecto de Diputados, se le correspondió no prohibiendo en la zona periglacial ni la industria ni las obras públicas, que era lo que planteaban en principio algunas provincias cordilleranas. No hablaban de la minería, qué decían: no podemos hacer el camino a Chile ni obra pública, hay zonas que van a quedar totalmente aisladas. Se permitió, previo a estudios ambientales, que tanto la industria como la vitivinícola y la obra pública puedan hacerse en las zonas periglaciales. Lógico que industrias contaminantes no.
–¿Por qué se eliminó el artículo 17 del proyecto de Diputados?
–Porque no era parte del pactado con Miguel Bonasso, se incorporó en el recinto de Diputados y hasta todas las organizaciones ambientalistas estuvieron de acuerdo porque es inaplicable: decía que cualquier actividad que se quiera desarrollar en la región a preservar se deberá paralizar hasta que el Ianigla se pronuncie. Una ley no se puede interpretar; debe tener señalado claramente las restricciones. Era una exageración y tampoco queríamos que fuera utilizado por algunos para que no salga la ley.
–La declaración que siete de las diez provincias cordilleranas presentaron ante el Senado también iba acompañada de un proyecto de ley provincial, que todas se comprometían a aprobar ¿esto iba en contra también de la sanción de una ley nacional?
–La Constitución del ’94 es muy clara: los recursos naturales son de las provincias. Eso no está en discusión. También es claro que hay otro artículo de la Constitución que faculta al Estado nacional a fijar leyes de presupuestos mínimos, que generan una protección mínima para todo el país; las provincias pueden ser más estrictas pero no menos.
–Hay organizaciones ambientalistas que denunciaron que los dos años transcurridos entre el veto presidencial y la sanción de esta nueva ley les facilitó a las provincias hacer leyes más flexibles y menos restrictivas.
–No fueron durante dos años, sino en los últimos dos meses, cuando el tema retoma fuerza en Diputados. La propia ley de San Juan dice que los emprendimientos productivos están prohibidos en los glaciares y las zonas periglaciales, aunque sujetos a un estudio de impacto ambiental. Entonces desconfiamos del estudio de impacto ambiental o que eso está a la firma de un funcionario. La legislación provincial es mucho más laxa que la nacional, pero las provincias no pueden tener legislación menos restrictiva que las que acaba de aprobar la Nación. Hay provincias que tienen leyes mucho más duras que la que votamos nosotros y prohíben la minería a cielo abierto, como Chubut, después de lo de Esquel, o Santa Cruz.
–¿Por qué entonces la resistencia de muchas provincias de mantener su autonomía para autorizar emprendimientos productivos mineros o de hidrocarburos?
–Me parece que algunos ni siquiera habían leído la ley. Ni siquiera sabían que había sido eliminado el artículo 17 del proyecto de Diputados.
–¿Era desconocimiento o chicanas para no aprobar la ley?
–Era de alguna manera embarrar la cancha.
–¿La ley no se puede judicializar si las provincias reclaman que prevalezca su propia legislación porque son propietarias de los recursos naturales?
–Las decisiones políticas no se pueden judicializar. Me hace acordar a las corporaciones que pretenden lo mismo con una ley que sancionó este Congreso.
–Si se refiere a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, las corporaciones judicializaron la resolución del Congreso.
–Pero este gobierno ha dado muestras de que no va a someterse a los intereses de las corporaciones en detrimento del interés general.
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