Por Eduardo Conde
Los hechos aberrantes que se suceden sin solución de continuidad en nuestra sociedad, me llevan a retomar una vez más, y con carácter excluyente a cualquier otro asunto, el tema de la inseguridad ciudadana.
Para ello quiero ser particularmente sensato, y le pido al lector que me acompañe en el proceso de razonamiento, ya que lo menos que me mueve en el análisis es situarme en posiciones ideológicas y/o políticas. Mi intención es razonar, y desde ese lugar, arribar, si es posible, a una respuesta que sea útil y constructiva.
Antes de introducirme en la cuestión, resulta pertinente formular algunas consideraciones que aluden a mi concepción ética y moral en orden a la condición humana: Creo en el engrandecimiento del Hombre, en su proceso evolutivo, también creo en la libertad y en las garantías legales y constitucionales. Creo en el Estado de Derecho. Repudio el abuso de poder. Por ende repudio el régimen totalitario y su impunidad.
Sobre esta base de ideas trataré de hilvanar un razonamiento lógico con premisas claras y con base y sustento en la realidad concreta.
En fenómeno de la inseguridad ciudadana es universal, y es fruto del sistema capitalista.
En Europa se abre paso la doctrina penal del Enemigo, que tiene atónitos a los autores del derecho Penal Liberal Moderno, aquellos llamados garantistas.
Esta nueva doctrina sostiene que el delincuente es un enemigo de la sociedad y por lo tanto no puede ser tratado como un ciudadano común. Se propone en consecuencia, la creación de un régimen de excepción, de emergencia, en donde el Estado habrá de evitar la consumación del delito a través de las denominadas medidas de seguridad. Para ello es necesario retornar al concepto de peligrosidad, y excluir del escenario de la vida cotidiana a toda persona que por sus antecedentes y/o conductas reñidas con la paz social, represente un peligro para la comunidad. Esa exclusión básicamente, consiste en la aplicación de acciones coercitivas, por caso, la privación de la libertad.
La fuerza de la nueva corriente penal se potencia a partir de los actos terroristas en las torres gemelas y del atentado ferroviario de Madrid.
Eugenio Zaffaroni, nuestro Ministro de la Corte Nacional, paradigma de la doctrina garantista en nuestro Derecho, sostiene que esta concepción es ajena a la cultura de América, ya que el hombre europeo se siente atemorizado por la invasión de corrientes migratorias, provenientes del resto del mundo, africanos, asiáticos y latinos, que siembran inseguridad en la vida ciudadana. Asimismo considera, como es obvio, que tamaña ideología atenta contra el Estado de derecho e implica un retroceso para los tiempos que vivimos.
Sin embargo, la inseguridad en Latinoamérica supera con creces a la inseguridad de los países europeos, de manera que poco importan las motivaciones de aquella sociedad, si en nuestro territorio vivimos sumergidos en episodios de delincuencia extrema. La razón última es la misma, y alude a la violencia ciudadana.
El tema particularmente de nuestro interés hace al entorno en que vivimos, en especial a nuestra comunidad, que observa impávida los actos de terrorismo urbano.
¿Qué podemos hacer frente a este escenario dantesco?
En verdad el hombre común, el ciudadano, poco puede hacer, casi nada.
El Estado hace lo propio de una organización precaria, en todos sus ámbitos, entiéndase los poderes políticos y la justicia. Van detrás de los acontecimientos, buscando soluciones en la medida del reclamo social, pero no hay una clara acción contra la delincuencia. Los parches ya no alcanzan y el futuro es oscuro e incierto.
Debemos ya detener la marcha y anclarnos antes de seguir el rumbo que se presenta en pronunciada picada. Se acabaron los tiempos. Se impone ahora mismo definir una política de resolución al flagelo de la inseguridad. Es una cuestión de Estado, de prioridad absoluta.
El gobierno debe abocarse a solucionar el problema en este instante, implementando medidas concretas, a fin de prevenir el delito, organizando la labor conjuntamente con la ciudadanía, a través de las unidades vecinales, mediante acciones de contención social, que lleguen a todos los barrios de todas las comunidades. Deberán extremarse las tareas de vigilancia reforzando la fuerza policial. Paralelamente habrá de llevarse a cabo un censo poblacional, a fin de individualizar a todos y cada uno de los habitantes de nuestra urbe. La justicia deberá de ajustar las riendas, actuando con mesura y extrema cautela en las excarcelaciones.
Pero nada de esto es posible si el Estado no toma conciencia de que habrá de invertir recursos importantes, aún endeudándose. Hace falta tecnología, instrumentos y herramientas, a más de la mano de obra especializada.
Los éxitos políticos también llegarán para los gobernantes si la comunidad advierte su firme decisión de actuar denodadamente para combatir la inseguridad. Deberían advertirlo.
De lo contrario, si no hacemos nada al respecto, pues el Derecho Penal del Enemigo golpeará nuestra puerta de un momento a otro, sin que mucho importen las garantías ciudadanas y los derechos humanos. Todos seremos a la postre potenciales delincuentes, especialmente los enemigos políticos del gobierno de turno.
