Los crímenes sin esclarecimiento ni castigo se cuentan por decenas y hasta por miles en el país. ¿Dónde está la falla? El deficiente accionar de la policía y la justicia, ¿se debe a mala capacitación, falta de recursos o desidia?
Siete integrantes de una banda de secuestradores acaban de ser absueltos porque la orden para las escuchas telefónicas que derivaron en su detención fue declarada inválida por la Justicia. La banda recurría al abuso y a la tortura contra sus víctimas y reclutaba menores para el cobro del dinero. De todo eso los exculpa un defecto de procedimiento.
“Una cuestión inveterada, añeja en la Argentina, es la falta de coordinación entre la Justicia y la policía sobre todo en los primeros momentos de un hecho, dijo el abogado penalista y criminólogo, Claudio Stampalija, director del Centro de Estudios para la Prevención del Delito de la Universidad de Belgrano, ante la consulta de Infobae.com. Esta suerte de divorcio entre Policía y Justicia es más visible aun en el interior del país que en la Capital”. Es una de las causas de la dificultad para condenar a los delincuentes.
Según este especialista, las consecuencias de estas desinteligencias son justamente “las nulidades procesales” porque, explica, “cuando se analiza lo que sucede en muchísimos expedientes, se observa que las defensas de los imputados, con inteligencia estratégica, tratan siempre en primer lugar de buscar esos resquicios y falencias de los primeros momentos de la investigación para hacer caer las pruebas y que todo vuelva a fojas cero”.
Para el abogado Rafael Cúneo Libarona, quien trabajó diez años en el fuero penal de instrucción, “la interceptación telefónica sin la debida orden del juez es un típico caso de nulidades”. Como acaba de suceder, “se descubre a una banda entera de narcotraficantes mediante intervención telefónica pero, si la medida no fue autorizada por el juez, cae la investigación”.
Esto se debe en su opinión a la falta de capacitación judicial de la policía: “Las primeras 24 horas son fundamentales, sobre todo en los homicidios, porque luego los rastros de ADN y otras huellas se pierden. Pero la policía no da abasto porque no tiene recursos, no tiene patrulleros. Ni hablar de distritos donde el nivel de delitos es muy alto, como San Martín o Morón”.
Pero, ¿cuál es la razón de los fallos iniciales de procedimiento?
“Al llegar al lugar de un hecho, explica Cúneo Libarona, la policía llama al juzgado o a la fiscalía de turno. En ese llamado, se define todo: el agente debe explicar la gravedad del hecho, si hay sospechosos a aprehender, y el funcionario del otro lado de la línea decide qué hacer. Esa consulta es dirimente para la resolución del caso. El efectivo que comunica la novedad, que puede ser desde un comisario hasta un agente de calle sin conocimientos judiciales, transmite toda la información que recabó in situ, que es lo más valioso que se tiene en una causa”.
¿Qué viene después? “Si hay un sospechoso señalado por los testigos, el funcionario judicial le dice al agente: véngase ya que le doy la orden judicial de allanamiento y detención de la persona, explica Cúneo Libarona. Van al juzgado, preparan la orden, se la hacen firmar al juez, y luego van y buscan a la persona. Pero también puede ser que le digan al policía: recabe todos los testimonios y mañana a primera hora viene al juzgado. Pasan 12 horas y cuando la van a detener esa persona ya no está más. Entonces, reitero, esas dos horas de consulta entre el operador policial y el operador judicial son claves. Ni hablar cuando se trata de homicidios cometidos en barrios periféricos, humildes. Ahí la prueba se pierde más fácilmente porque la policía tarda más, porque no tiene garantías de que no agredan o roben a los propios efectivos”.
Ahí no terminan los obstáculos porque, dice este abogado, “después los policías se van y empieza el ‘no te metas en problemas, no declares’, empiezan los aprietes, el temor de los testigos a reconocer al culpable por miedo a la venganza, porque suponen que la persona no va a quedar detenida o va a ser liberada antes de tiempo, como de hecho ocurre. Y el reconocimiento en rueda de personas es importantísimo pero el 90% de los testigos no lo quiere hacer”.
Para Claudio Stampalija, justamente “a consecuencia de la división entre el fiscal y la policía, frecuentemente fracasan las primeras medidas profilácticas y los recaudos en el escenario del crimen, se contamina la prueba, etcétera, porque la orden de proceder la da el fiscal, la de no dejar que nadie ingrese a la escena del crimen y de recolectar pruebas, pero esto se cumple mal”.
No es sólo la policía la que puede arruinar pruebas. «El caso Candela por ejemplo, dice Stampalija, es una clara demostración de que a veces también las autoridades políticas, en su afán de aparecer vinculadas a la resolución de un suceso criminal, cometen ellos mismos errores infantiles.
Consultado acerca de los motivos de la desinteligencia entre estos dos pilares de la prevención y el castigo del delito, Stampalija señala que “no hay un diálogo desde lo institucional, hay rencores y resquemores entre Policía y jueces, sobre todo en las provincias, porque las diferencias salariales son abismales, como se ve por ejemplo en el reclamo de aumento de los policías de Santa Cruz”
“Para muchos funcionarios de justicia, la policía es toda gente inculta, agrega. Los efectivos policiales por su parte dicen: nosotros detenemos a la gente, frecuentemente no quedamos bien ante la sociedad, pero no se nos remunera como corresponde”.
“Todo pasa por la educación, insiste Cuneo Libarona. Si se tiene el personal debidamente formado habrá investigaciones brillantes. La policía no tiene idoneidad, ni representatividad. La gente cree que cuando un policía la aborda es para coimearla. En Estados Unidos no es lo mismo. Pero tampoco en Uruguay, acá nomás, cruzando el río. Lo esencial que hizo el alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani para reducir los índices de criminalidad de esa ciudad fue darle representatividad, legitimidad e idoneidad a la policía”.
También para Stampalija, la formación es un factor clave: “En muchas policías argentinas falta capacitación para todas las cuestiones inherentes a la criminalística, es decir, al conjunto de intervenciones técnicas que apuntan a preservar y recolectar debidamente las evidencias. Todavía hay muchos cuerpos policiales que no tienen una formación suficiente y carecen de tecnología de punta. Ningún gobierno nacional ni provincial debería escatimar esfuerzos para que sus policías tengan los elementos técnicos y científicos de que ya disponen otras policías en el mundo. Es necesario tener los mismos elementos de avanzada que tienen los gabinetes científicos de la policía de otros países. Por ejemplo, en el mundo ya existe un escáner que puede detectar una huella en una alfombra alta de 10 cm. y acá a veces no podemos levantar una en superficies mucho más lisas”.
La falta de idoneidad y formación no es un mal exclusivo de la policía. “En el Poder Judicial, dice Cúneo, hay muchos empleados que siguen en la Carrera no por vocación sino por el sueldo. Falta vocación de servicio, faltan recursos tecnológicos y humanos. No hay suficientes computadoras ni empleados. Además tienen 45 días de vacaciones, 15 en invierno y un mes en enero. Un fiscal de juicio oral de San Isidro, por ejemplo, cuenta con dos colaboradores para 50 juicios por mes. ¿Cómo puede hacer una buena acusación? Tiene un cargo alto, un buen sueldo, pero sólo dos empleados. El problema de administración de justicia se resuelve con educación, hay que instruir a los empleados judiciales y a los abogados, y con más recursos económicos”.
“Acá, agrega, no podríamos aplicar la tolerancia cero porque no hay recursos humanos y técnicos suficientes ni en la policía, ni en la justicia ni en el Servicio Penitenciario Federal, entonces hacemos lo contrario. Hoy se cree que despenalizando el delito se resuelve el problema. Es como con la droga. ¿Por qué se quiere despenalizar el consumo de marihuana? Porque hemos fracasado en combatirla”.
Pese a todo, es optimista: “No es difícil de solucionar esto. La delincuencia se combate con dos cosas: educación y dinero. Pero si no existe una decisión política que avale ese proceso de cambio, no va a suceder».
Al respecto, Irvin Waller, director del Instituto para la Prevención de la Criminalidad de la Universidad de Ottawa, Canadá, que visitó Argentina la semana pasada, dijo que aquí hay “un sistema de reacción frente al delito -que ni siquiera es muy eficaz- pero no existe nada en materia de prevención”. Y sentenció: “En este momento en Argentina no hay voluntad de trabajar para disminuir la violencia y la tasa del delito”.
Por Claudia Peiró/infobae.com
