Hoy desde las 19:00 horas los delgados de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada conocerán los resultados de la auditoría financiera, económica y operativa encargada a los profesionales de la UNPSJB.
Una de las cajas políticas por excelencia estalló con hechos inéditos de corrupción. No hay que desconocer la relación histórica de las cooperativas con el poder político. El conflicto compromete a generaciones de dirigentes políticos que de una u otra manera fueron y son parte de la crisis de las cooperativas. Durante décadas el sistema cooperativista –considerado el más progresista y moderno- fue atravesado por bandas políticas asociadas con empresarios colaterales.
Este martes -un día antes que se lleva adelante la sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante-, para tratar como único tema la reconducción del contrato por la concesión de los servicios públicos que administra la Sociedad Cooperativa Popular el intendente junto a los concejales tendrán en sus manos el resultado del estudio financiero. “Vamos a ir a fondo”, dicen en el palacio municipal.
Producto de los resultados parciales de la auditoria ya fueron desplazados de sus cargos el gerente comercial, Pablo Ortega; el gerente institucional y legal, Claudio Jurdana; y la contadora Catalina Moroso de Inglada. El principal motivo para separar de la institución a tales directivos sería la diferencia de 12 millones de pesos en uno de los balances generales analizados.
Según anticipo El Patagónico los resultados del estudio contable habilitarían una segunda investigación, entre cuyos puntos avanzaría además sobre el desempeño de varios directivos, entre ellos Bruno Stange, por supuesta vinculación directa con dos sociedades anónimas controladas por la SCPL: Pecorsa y Transacue. Al hombre que más apuntan los cañones políticos “asesorado” por un alto funcionario provincial adelantó los trámites de su jubilación para el mes que viene. De esa manera blindaría sus compromisos. ¿Qué responsabilidad tiene el ex Síndico Dr. César Daniel Zamit?
Una alta fuente de la SCPL le confió a El Comodorense que las futuras investigaciones se podrían llevar puesto a una de las figuras políticas más importantes que tiene la intendencia local para el 2015. Un sector de poder piensa en preservar a este prestigioso político. ¿Podrán desligarlo del cobro de facturas apócrifas?
Paradójicamente la Cooperativa hoy tiene una deuda de casi 70 millones , sin embargo, no se privó de pagar entre BAE y PAP, que son los dos convenios de Luz y Fuerza y de Obras Sanitarias, casi 14 millones de pesos que deberán haber sido motivo de estudio en las audotorías.
El líder de Luz y Fuerza, Héctor González, consideró al poder concedente y al gobierno como responsables del caos en las cooperativas. Y salió a blindar la situación de los trabajadores amparados por el convenio colectivo de trabajo de Luz y Fuerza.
Intervención política
Cabe recordar que el intendente Néstor Di Pierro tomo la decisión histórica junto al senador nacional, Marcelo Guinle de intervenir el año pasado en las asambleas secciones donde se renovaron 137 delegados, donde ese sector político se quedó con una mayoría abrumadora lo que le permitió quedarse con los cuatro consejeros (Miguel Montoya, Jorge Huberman, Carlos Peralta y Ramiro Cuestas Llames ) que se renovaron y de esa manera colocaron a Gabriel Tcharian como presidente de la SCPL. La Lista Amarilla aplastó en la última asamblea a la Lista Azul por 107 votos contra sólo 18.
La actual administración de la Cooperativa lanzó un plan de austeridad y lamentó la decisión de la gestión previa de invertir en internet y telefonía celular. ¿Qué paso con el poder concedente que no le puso un freno a las aventuras económicas de la SCPL?; ¿Qué rol jugaron los delegados municipales?
El intendente Di Pierro defendió sin condicionamientos el sistema cooperativista y le puso un freno a los que sueñan con entregar las cooperativas, precisamente cuando el país está recuperando el manejo de los recursos energéticos.
Es decir que una vez que salga a la luz el resultado de las auditorías es necesario impulsar con la fortaleza necesaria el castigo jurídico a los culpables de un accionar malicioso para con toda la sociedad.
