La intensa actividad de magistrados que siguen causas de corrupción iluminó, por contraste, los años en que las investigaciones durmieron y los males del sistema. ¿Cómo sanear un poder clave de la democracia?
El ministro de Justicia, Germán Garavano, había delineado sus planes para el Poder Judicial. Lo llamó «Justicia 2020». Y entre sus propuestas incluyó diluir el poder de los tribunales federales de Comodoro Py. Es decir, de los doce juzgados que deberían investigar al poder pero que, en la práctica, se convirtieron en algo muy distinto: mezcla de Justicia, sí, pero también de negociaciones, arreglos, aprietes e impunidad.
Por eso, desde uno de los juzgados amenazados llegó la respuesta. «Decile que si sigue con eso, lo voy a meter preso», reiteró la voz, como para que no quedaran dudas. Y, como para continuar con la práctica habitual, el mensaje no viajó directo a los oídos de Garavano, sino que se envió a través de un tercero, que jamás lo admitirá.
Porque así funciona Comodoro Py, un lugar que conozco y recorro desde hace quince años.
Porque un mensaje muy similar recibió Gustavo Béliz cuando él también intentó -allá por 2003, como ministro de Justicia- diluir el poder de esos doce jueces.
Porque Comodoro Py es un lugar donde, a puertas cerradas, algunos jueces hablan de «rehenes» cuando aluden a los funcionarios del gobierno de turno que figuran como imputados en sus juzgados.
Un lugar donde jueces y fiscales, salvo excepciones, jamás quieren investigar el poder económico.
Un lugar donde, salvo honrosas excepciones, los jueces y los fiscales son procíclicos, según muestran las estadísticas. Es decir, no investigan al funcionario mientras detenta el poder. Por el contrario, le garantizan impunidad. Pero lo pasan por encima en cuanto se marcha de la función pública.
Un lugar donde un fiscal puede pisar una investigación durante años, pero en cuanto percibe que el funcionario perdió poder, llama a un periodista y le anuncia que pidió la indagatoria del hasta entonces protegido porque quiere «pasar a los libros de historia como el primero que pidió su indagatoria».
Ese periodista fui yo.
Un lugar donde los jueces pueden mandar al cadalso a un presidente, pero se sienten siempre en la picota. Acaso por eso, uno de los latiguillos dilectos del juez Rodolfo Canicoba Corral cuando siente que lo acecha un peligro o que puede meter los dedos en el enchufe es «¿vos querés que yo le toque el bigote al tigre?».
Un lugar donde ciertos abogados -desconocidos por el gran público- gozan de llegada directa a ciertos jueces. Cualquier imputado que lo contrate y abone al contado «honorarios» de seis o más cifras en dólares verá cómo sus problemas se evaporan.
Un lugar donde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se mueve a sus anchas tal como antes, en tiempos de Jaime Stiuso, se movía a sus anchas la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Donde periodistas, fiscales, jueces y hasta camaristas bromean que tal o cual juez se mueve «con su propio código procesal penal».
Un lugar donde contados funcionarios judiciales avanzan en investigaciones sensibles, pero el principio general es la impunidad.
Un lugar donde la Cámara Federal de Apelaciones se divide en dos salas y una es -o era- conocida como la sala independiente y la otra, por contraste, irónicamente, como la «sala Racing».
Un lugar donde los operadores son los interlocutores más preciados. Porque llevan y traen mensajes, favores y prebendas tales como cargos, ascensos, viajes y, en ocasiones, dinero.
Un lugar donde los tribunales orales pisaron durante años los juicios por posibles delitos contra la administración pública, pero se despertaron al vislumbrar el cambio de ciclo político. A tal punto que dictaron entre dos y cuatro condenas por año por esos delitos durante el kirchnerismo (2003-2014), según datos oficiales del Registro Nacional de Reincidencia que obtuvo la nacion, pero treparon a 16 condenas sólo en 2015, cuando el kirchnerismo se dirigía hacia la puerta de salida de la Casa Rosada.
