La Subsecretaría de Derechos Humanos de Chubut informó hoy que respecto de la situación conflictiva existente con la ocupación de un terreno por Antonio Nieves, en Comodoro Rivadavia, que «las acciones ejecutadas se direccionaron específicamente a intentar garantizar las seguridad y derechos de los tres menores de 3, 4 y 6 años de edad, y la mujer embarazada» que habitan en esa vivienda.
Cabe mencionar que esta semana la cartera de Derechos Humanos, liderada por Fernando Peralta –quién presentó su renuncia luego de verse involucrado en un escándalo de prostitución infantil-, mandó una carta intimando al municipio de Comodoro Rivadavia, a que desista del desalojo y decomiso de materiales de construcción en un terreno del barrio Quirno Costa que había sido usurpado de manera ilegal por la conflictiva familia.
De esta forma, desde el organismo oficial, se añadió que «debido a la existencia de menores y una mujer embarazada, y ante la presunción de que no se habían cumplimentado todos los pasos legales, es que se decidió solicitar se retrotraigan las medidas llevadas a cabo en dirección a desalojar a esas personas».
De esa situación se tomó conocimiento a partir de la recepción de un oficio por parte del Ministerio de la Defensa Pública de la provincia del Chubut.
La Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de Virginia Correa, indicó que «por encima de las cuestiones materiales están los derechos de los niños y la mujer embarazada, que deben ser garantizados por el Estado, de manera conjunta desde el municipio y la Provincia».
«Más allá de que el terreno sea fiscal, se debe priorizar el hecho de que habiendo menores no se debería llevar adelante un procedimiento violento, sin antes garantizar las condiciones de subsistencia de ellos y de la mujer que cursa su embarazo», fundamentaron desde el área provincial.
En ese sentido, se adelantó además que «la situación se abordará de manera conjunta y la idea es en las próximas horas aunar criterios con el municipio local para que, más allá de lo que haya que hacer por la situación jurídica del terreno fiscal, primero quede asegurada la garantía de los derechos de los involucrados».
Por último, destacaron que «el objetivo apunta única y exclusivamente a garantizar los derechos de los menores y la mujer embarazada, y que para que primariamente eso suceda se requiere que cesen las acciones tendientes al desalojo del grupo familiar».
