La Legislatura aprobó aumento para la planta política

La Legislatura provincial aprobó este jueves un aumento salarial del 17% para la planta política del gobierno, las autoridades fuera de nivel, que abarca desde el director general hasta el gobernador. Se implementará en dos…

viernes 28/07/2017 - 9:15
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La Legislatura provincial aprobó este jueves un aumento salarial del 17% para la planta política del gobierno, las autoridades fuera de nivel, que abarca desde el director general hasta el gobernador. Se implementará en dos cuotas, la primera retroactiva al 1 de abril y la segunda desde julio.

Por otro lado, se aprobó por unanimidad una nueva moratoria, denominada “Régimen Especial de Regularización Tributaria”, que tendrá vigencia para su adhesión hasta el 31 de octubre y abarcará a todos los impuestos provinciales como el de sellos, inmobiliario rural y las tasas de servicio que están en cabeza de la Dirección General de Rentas. Habrá un plan de facilidades de pago de hasta 60 cuotas para regularizar todos los tributos.

El proyecto, que llegó desde el Poder Ejecutivo, tuvo su tratamiento el miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y este jueves, con dos modificaciones que sufrió en el recinto, quedó aprobado. En esta moratoria habrá descuentos importantes para aquellos que estén adeudando impuestos provinciales.

Citan a funcionarios

Por su parte, el diputado del PJ-FpV, David González, citó para el 23 de agosto al mediodía al ministro de Gobierno Pablo Durán, al jefe de Policía, Luis Avilés; al secretario de Gobierno de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Máximo Naumann y al gerente de la SCPL de esa ciudad, Víctor Santana por la mora en la instalación de 530 cámaras de seguridad con una inversión de 35 millones de pesos.

El diputado del PJ-FpV, José Grazzini planteó la situación del transporte escolar en la ciudad de Puerto Madryn y el transporte lacustre en la zona de El Turbio ya que sus habitantes siguen con problemas, según insistió la diputada de Cambiemos, Jacqueline Caminoa.

Convocan a Villagra

El diputado provincial José María Grazzini (PJ-FpV) denunció que hay cooperativas de servicios públicos que siguen cobrando la tasa de sustentabilidad que preveía la Ley I-539 y fuera derogada en el mes de febrero pasado por la Legislatura. Y como “aún ese beneficio no llega al bolsillo de los asociados”, pidió la presencia del subsecretario de Cooperativismo para tener respuesta sobre la situación.

Según planteó el legislador, “la población ya no resiste más las terribles tarifas del servicio eléctrico”, respecto de lo cual dio cuenta que “en Rada Tilly, a una familia tipo la factura le vino de 670 pesos y en Comodoro Rivadavia, 1.200; mientras por otro lado en Playa Unión fue de $ 2.100 y en Esquel 1.700”. En ese punto, reclamó que “esta Legislatura ya derogó el cobro de la tasa de sustentabilidad de la Ley I-539, pero en Esquel siguen cobrando 270 pesos por ese concepto ya no válido y en Madryn más de 400”.

Esta actitud adoptada por las cooperativas “impacta directamente en los vecinos. Nosotros hicimos que la población se beneficiara con una reducción de entre el 15 a 20 por ciento en las facturas, pero hay cooperativas que siguen cobrándola. Evidentemente, están esperando que presentemos una medida cautelar para que tengan que devolver ese dinero mal cobrado a los asociados”, planteó Grazzini.

Asimismo, el diputado provincial reclamó que “esa Ley que derogó la tasa de la 539 debe ser publicada” y demandó que además “nos expliquen cuál es la variación en los costos del servicio eléctrico que hace que entre Rada Tilly y Trelew o Madryn haya tanta diferencia en la facturas, siendo el mismo proveedor”, en referencia a CAMMESA.

Dufour por las tierras

La diputada del PJ-FpV, Gabriela Dufour, solicitó un pedido de informes al gobierno para que remita a este Poder Legislativo el expediente IAC Nº 17.832 y acumulados correspondiente a tierras circundantes al Lago Cholila y los expedientes y antecedentes identificados como Lote Pastoril 160, 161 y 162 en el Departamento de Cushamen. Dijo que el titular del IAC le quiso cobrar 2.500 pesos para contestarle un pedido de informes sobre tierras.

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