La Cámara de Apelaciones local hizo lugar al amparo presentado por un grupo de 28 vecinos y le ordenó a YPF cesar sus operaciones en el yacimiento de la zona de Bella Vista Sur, que corresponde a Zona Central- Cañadón Perdido.
Según publica el diario Jornada, los jueces de la Sala A, Silvia Alonso y Fernando Nahuelanca, declararon inconstitucional la ordenanza Nº 3614-11/13. Es la norma que había modificado la zonificación de ese sector para habilitar la perforación de pozos petroleros. Sin esto, la explotación de hidrocarburos quedó sin soporte legal.
La cautelar de los vecinos fue contra la operadora y contra la Municipalidad que habilitó el trámite para la explotación. Dijeron que “les ha causado un perjuicio económico y, fundamentalmente, la posibilidad de daño en la salud por afectación a un medioambiente sano”. Consideraban que se perdía un espacio verde y quedaban expuestos a los riesgos de contaminación.
Una inspección ocular comprobó que entre el predio de YPF y las 64 viviendas del barrio Petroleros Privados había sólo 18 metros. Además el predio de la operadora es cercano a las fincas de una Zona de Reserva Patrimonio Natural. “Distancias que teniendo en cuenta la dimensión del predio (6 hectáreas) no garantizan la distancia mínima aconsejable para la explotación de hidrocarburos en zonas pobladas de 200 metros”.
La ordenanza 3414-7/12 se promulgó en setiembre de 2012. Declaró el sector como Zona de Ampliación Urbana y permitió que los amparistas construyan su barrio. Pero la Nº 3614-11/13, promulgada en enero de 2014, convirtió el lugar en Zona de Explotación Petrolera.
En su defensa, el municipio había explicado que es un predio privado, desforestado y baldío, con un marcado barranco inadecuado para el asentamiento humano. “Denunció que incluso era mal utilizada por los propios vecinos como zona de depósito clandestino de residuos”.
La comuna acusó a los vecinos de actuar “guiados por especulativas pérdidas económicas de los propietarios colindantes a la obra. El verdadero interés oculto bajo el ropaje del conflicto ambiental es de estricta naturaleza patrimonial”.
Pero la Cámara le respondió a la Municipalidad que “es de total improcedencia” que el derecho a la protección del ambiente “pretenda cercenarse por una infundada motivación de apetencia económica de los amparistas”.
Los vecinos relataron que “en 2013 en una noche entre riñas y gallos el Concejo Deliberante de Comodoro firma la ordenanza N° 10879/13 que ordena desafectar la Reserva Patrimonial Natural, echando por tierra todo nuestro trabajo, y la afecta como Ampliación Urbana”.
