El Estado Nacional le solicitó nuevamente a la Justicia que levante la medida cautelar que prohíbe para el Grupo Clarín la aplicación del artículo 161 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece el plazo de un año para la desinversión por parte de los titulares de licencias que no se adecuen a la norma sancionada por el Congreso.
Así lo informó hoy la Procuración del Tesoro de la Nación, al tiempo que indicó que la presentación fue realizada el viernes pasado por los representantes judiciales del Estado, con el patrocinio del procurador Joaquín Da Rocha, con el objetivo de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revoque el fallo del juez de primera instancia Edmundo Carbone.
El magistrado había rechazado el pedido destinado al levantamiento de la medida cautelar o, en subsidio, a la fijación de un plazo razonable para su vigencia, recordó la Procuración.
Señaló que «el planteo está basado en las consideraciones efectuadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su pronunciamiento de fecha 5 de octubre de 2010, en el cual el máximo Tribunal dejó abierta la posibilidad de que se deje sin efecto la medida cautelar, o se la limite temporalmente a fin de que no se convierta, en los hechos, en una decisión definitiva».
El artículo 161 de la llamada ley de Medios forma parte de un conjunto de disposiciones destinadas a evitar la concentración de licencias y es resistido judicialmente por el Grupo Clarín.
«Las prácticas monopólicas o la configuración de posiciones dominantes en la propiedad de los medios de comunicación social afecta la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos, y no son compatibles con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática», afirmó la Procuración a través del comunicado difundido hoy.
(Télam)
