La diputada Gabriela Dufour (FpV), impulsora de la ley de “goteo”, negó que implique un desfinanciamiento para el Estado. Afirmó que con su iniciativa, el Ejecutivo debería remitir mensualmente lo que corresponde hasta cubrir el 0,20% del Presupuesto Provincial.
Según indicó la legisladora, “la Ley sancionada sólo establece un mecanismo específico en relación al 0,20% del Presupuesto Provincial Anual”. Por lo tanto, “no involucra al 99,80% del total del Presupuesto Provincial”, subrayó.
Dufour dijo además que “a la mayoría de los habitantes de esta provincia les costará creer que funcionarios de alto rango puedan pensar que el 0,20% del Presupuesto pueda afectar y desequilibrar las finanzas del erario provincial”. Insistió en sostener la diputada impulsora de la Ley de “goteo” que “por cada 100 pesos del Presupuesto Provincial, se le estableció al Ejecutivo Provincial que remita a la Legislatura de la Provincia para su funcionamiento 0,20 centavos”. Por lo que esto descarta -a su entender- que pueda ser un desfinanciamiento o “una maniobra destinada a hacer saltar el Gobierno por los aires”.
Hizo hincapié además que los fondos requeridos de manera semanal para la Legislatura son “para sus gastos generales, para pagar servicios como la luz, gas, internet y telefonía, papelería, limpieza, gastos de traslados, reparaciones edilicias, biblioteca, pasajes y subsidios para situaciones de emergencia y muy especialmente, las labores de control y fiscalización de las actividades del Poder Ejecutivo, cuya función es adjudicada esencialmente por la Constitución de la Provincia al Poder Legislativo”.
Por otra parte, respondió a las acusaciones por el modo en que fue aprobada la Ley, que ahora será vetada por el Ejecutivo, recordando que “se aprobó con la totalidad de los votos que se encontraban presentes del FpV-PJ, Cambiemos y Convergencia”, omitiendo que el bloque del Chusoto dejó el recinto creyendo que había concluido la sesión.
Para la legisladora opositora “ha existido una clara intención de no respetar la independencia de poderes y de usar los dineros públicos como mecanismo para disciplinar a la oposición, y sabemos que ha existido una conducta similar con otros sectores de la sociedad. Nuestra decisión intenta que esto no vuelva a suceder y deje de resultar un mecanismo habitual de menoscabar la voluntad popular por parte del Ejecutivo Provincial”.
