El vicepresidente del Grupo Indalo remarcó que el actual, es el tiempo oportuno para que se dé el debate que se está planteando en el aspecto hidrocarburífero, por la inminencia del final de los períodos de las concesiones. Y en ese orden, analizó que deben asignarse premios y castigos de acuerdo a lo sucedido.
Fabián De Souza señaló que “estamos frente a la expiración de concesiones en el muy corto plazo, en los últimos dos o tres años, donde la gran mayoría de las concesiones de la Argentina que nacieron allá por el año 90/91 y están expirando los primeros 25 años de esa concesión en el 2015”.
“Me parece muy razonable por parte de quienes tienen la responsabilidad de ser entes concedentes y de contralor, de discutir las cuestiones de quién cumplió y quién no cumplió, y en base a eso también asignar los premios y castigos”, rubricó el calificado directivo en diálogo con Radiocracia.
En ese marco, sugirió que hay que honrar la seguridad jurídica con el cumplimiento de los plazos de esas concesiones, pero dijo que también hay que honrar las facultades de contralor, para ver si esa actividad que se dio en responsabilidad, fue desarrollada.
De Souza remarcó que esta discusión es el momento de hacerla, porque es muy difícil pensar que alguien va a poder seguir haciendo inversiones para los próximos tres o cuatro años cuando expira su concesión, cuando los plazos razonables de amortización en la vida útil de un pozo en la cuenca son siete años.
“Con eso, si no se da esta discusión y no se resuelve esta situación, es muy probable que sea necesario y razonable desde lo económico comenzar a parar las inversiones porque no habrá período de repago del desarrollo que hagan”, adujo e insistió con que cree que es el momento oportuno y también cree que lo es para los premios y castigos.
Responsabilidad Social Empresaria
“La principal de las atribuciones de una empresa es la de interactuar de una manera responsable en cada uno de los recursos que tiene a su disposición, sea natural, humano o financiero; y generar la mayor capacidad de valor que haya dentro de sus posibilidades”, dijo De Souza, remarcando que la primera es hacer negocios y que eso signifique generar empleo, pago de impuestos, y desarrollo de largo plazo de la ciudadanía.
En tal sentido, enfatizó que todo lo demás son acciones fundamentalmente de marketing. “En el desarrollo de la actividad, tendrán que estar los fondos para escuelas, plantar arbolitos, etc. pero fundamentalmente el empresario debe pensar en lo que tiene que hacer bien, sino pasa lo que pasó y las curvas de producción y reserva caen de la manera tan fuerte que cayeron”, recalcó.
La productividad y la potestad del recurso
“Creo que ha habido una habido casi una maquiavélica orquestación en la década del ‘90 a través de la cual en el proceso de la Constitución del año 1994, la potestad de los recursos pasó al ámbito de las provincias, y es muy poco lo que se había organizado en las provincias para poder regular o controlar la explotación racional de esos recursos”, estimó De Souza.
En base a ello, resaltó que hubo un sector muy importante de la industria que puede generar el éxito o el fracaso de un modelo económico o la calidad de vida de la ciudadanía, que quedó sin ningún tipo de contralor por parte de las autoridades concedentes, que fue el gobierno nacional; que entonces perdió esos atributos y los diseminó en los estados provinciales. De éstos, afirmó que “ha sido muy poco lo que han hecho en su mayoría. No por falta de voluntad, sino por incapacidad”.
A 17 años de eso, sostuvo que “hoy nos damos cuenta que está bien delegar, pero siempre se dice en cualquier biblioteca que cuando se delega hay que controlar, y es lo que ha fallado”. “Con un poco de control de estos análisis en un seguimiento, se podría saber si los grandes anuncios son realmente inversiones o gastos corrientes, si realmente se ejecutan o si realmente cumplen el objetivo que tienen de producir y reponer reservas al mismo tiempo, para asegurar recursos a largo plazo”, analizó.
Personalmente, piensa que sacarle la potestad a las provincias y volverlas a pasar al Estado nacional sería “patear la pelota para adelante” con una discusión que podría abarcar los próximos 15 ó 20 años. Primero, porque hay intereses definidos en ese sentido y segundo porque hace a la potestad y las libertades de cada jurisdicción y a la federalidad de la explotación de los recursos.
“Hay que pensar una organización de la OFEPHI que sea profesional donde interactúe el gobierno nacional con los estados provinciales, definiendo una estrategia nacional porque claramente tenemos estados que son productores y otros que son demandantes que generalmente no coinciden en las mismas personas y hay que consensuar algo que converja a una estrategia nacional”, concluyó De Souza.
