La fiscal Gabriela Boquín, que dejó al descubierto un intento del Gobierno con respaldo judicial para condonar casi la totalidad de la deuda millonaria del Correo Argentino con el Estado, acusó a esa empresa de intentar una nueva maniobra judicial para “dejar impune” su denuncia original. Cuestionó, además, una resolución de la jueza Marta Ciruli que iría en la misma dirección. El Correo había planteado que desconocía la legitimidad de la fiscal de Cámara para pedir un peritaje sobre sus libros contables tras advertir que la firma había estado retirando fondos, lo que implicaba un vaciamiento, en pleno expediente concursal, y había utilizado dinero para distintos tipos de operaciones de las controlantes Socma y Sideco, de la familia Macri.
Boquín reivindicó sus facultades y advirtió que la jueza le entregó la confección del peritaje a las mismas sindicaturas que habían intentado obstaculizarlo, que ya favorecieron al Correo en informes anteriores y que están imputadas penalmente, en lugar de entregárselo a un perito oficial designado para esta cuestión.
Boquín lleva varios dictámenes presentados desde comienzo de año en el expediente del concurso del Correo donde no se ha logrado aún que salde su deuda que ya supera los 4000 millones de pesos con el Estado, su principal acreedor. Su primera presentación fue la que reveló que los representantes estatales (en nombre del gobierno de Mauricio Macri) habían admitido un acuerdo “ruinoso” y “abusivo”, que condonaba cerca del 99 por ciento de la deuda que el Correo arrastra desde hace 16 años. Si bien el Estado dio marcha atrás, aún no se avino a un nuevo convenio y, en cambio, pidió una prórroga que aún tiene efecto.
En el ínterin la fiscal advirtió que durante 2016, cuando se pergeñaba el convenio ruinoso, la jueza Ciruli había autorizado a la empresa a hacer retiros de dinero en varias oportunidades. Autorizó cinco retiros por 10 millones de pesos, según Boquín, “en beneficio de otras empresas del grupo” y en “perjuicio de las cuentas del concurso”. La fiscalía corroboró que parte del dinero se usó para pagos de oficinas sueldos y cargas sociales, honorarios y gastos contables ligados a Sideco S.A, a su vez controlada por Socma SA. Unos 2 millones de pesos se habrían pagado a Socma por acciones vinculadas al mercado automotriz.
Este escenario fue el que llevó a Boquín a pedir la pericia sobre libros contables del Correo ya que, recordó en su nueva presentación, hay “irregularidades en cuanto a su composición, poca claridad sobre la necesidad o no de retirar fondos para afrontar gastos operativos, realidad o certeza de los mismos, la ausencia de actividad empresarial, el supuesto aporte de los socios de la deudora y actos posiblemente ineficaces”.
La empresa, ante todo, cuestionó que Boquín tenga facultades para pedir ese estudio. Ella detalló una larga lista de normas que la respaldarían y recordó algo elemental, que es el deber de los fiscales de representar el interés de la sociedad. “Pretender desconocerle a la fiscalía poder de actuación para lograr efectividad en las misiones y deberes funcionales que se le asignaron, implica un retroceso institucional inadmisible y contraría la ley con la única finalidad de dejar posiblemente impunes conductas como las denunciadas en mis anteriores dictámenes”, advirtió.
Pero también cuestionó el modo en que finalmente ordenó la pericia contable la jueza Ciruli, ya que se la encomendó a las sindicaturas que intervienen, “que no resultan imparciales en tanto se encuentran imputadas” en la causa. Además, la fiscal explicó que –por ejemplo– la sindicatura general se opuso a su pedido y dijo que “asiste razón a la concursada”; la sindicatura verificante se opuso a la pericia con el argumento de que iba a “alterar el proceso del concurso volviendo sobre etapas alcanzadas”. En efecto, las sindicaturas nada observaron sobre el vaciamiento y los movimientos de fondos a favor de las controlantes del Grupo Macri. La sindicatura general dijo que no opinaría por ser una de las partes a quien la jueza asignó la pericia contable. La fiscal recordó también que la sindicatura general está patrocinada por Julio César Rivera y Beltrán Louge que fueron abogados de las empresas del grupo Macri y de Socma S.A en un expediente. “Los síndicos más que cumplir con la función que la ley les encomienda sólo favorecen los lineamientos de la concursada (Correo). Resulta inverosímil que un síndico se niegue a realizar medidas de investigación del estado patrimonial de la empresa concursada que su administración debe controlar.”
