Causa AMIA: La yunta político-judicial

El juez federal Claudio Bonadio anticipó el fin de semana largo con una ristra de resoluciones, todas abusivas y contrarias a derecho. La decisión de mayor gravedad institucional es la prisión preventiva, con pedido de…

viernes 08/12/2017 - 15:56
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El juez federal Claudio Bonadio anticipó el fin de semana largo con una ristra de resoluciones, todas abusivas y contrarias a derecho.

La decisión de mayor gravedad institucional es la prisión preventiva, con pedido de desafuero, para la ex presidenta y hoy senadora Cristina Fernández de Kirchner.

Según publica diario Página 12, buscar un precedente del infausto cargo penal de “traición a la patria” contra opositores políticos (peronistas, siempre) fuerza a remontarse al pasado más de 60 años, durante la Revolución Libertadora.

Los encarcelamientos de Carlos Zannini, Luis D’Elía, Fernando Esteche y Jorge “Yussuf” Khalil, injustificados de por sí, cuentan con el aditamento de haberse cometido en condiciones infamantes, con difusión sádica. Un manjar para los medios dominantes.

Completa la lista con la prisión domiciliaria del ex canciller Héctor Timerman y el procesamiento del diputado Andrés “Cuervo” Larroque.

Se acentúa la persecución a la principal fuerza opositora, a la única presidenciable del pan peronismo que fue la candidata opositora más votada el 22 de octubre.

Nada indica que el kirchnerismo sea la única presa codiciada por Cambiemos aunque de momento es la primera y principal. Otras oposiciones, en especial la izquierda con o sin representación parlamentaria y las organizaciones sociales están en la mira. Lo saben sus referentes y militantes que reaccionaron velozmente, en defensa propia.

Para quienes, con candor o mala fe, intentan circunscribir los hechos a la esfera del Poder judicial vale agregar que ayer mismo el juez federal Daniel Rafecas debió concurrir al Consejo de la Magistratura para defenderse en un juicio político impulsado por el gobierno de Mauricio Macri.

El contexto político se completa (y explica) con la escalada represiva e ilegal, que ya se cobró las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Este último, asesinado por la espalda por efectivos de la Prefectura a quienes el Ejecutivo defiende a capa y espada.

De encubridores a acusadores: Esta columna aborda aspectos que el cronista viene abordando y que se desarrollan en otras notas de esta edición. A ellas remitimos aunque sobrevolaremos varios.

La iniquidad de la prisión preventiva a rivales políticos es un clásico de la etapa macrista. Se la bartolea sin condena, en el mismo comienzo de los expedientes. Funciona como pena anticipada que puede prolongarse durante años. Ayer mismo, comentamos el caso de Milagro Sala, la primera de una lista que amenaza ser interminable.

Dibujar asociaciones ilícitas sirve para agravar las penas potenciales por los presuntos delitos. Construcción meramente intelectual, es sencillo inventarla, probarla sería muy costoso si mediaran garantías al derecho de defensa.

Criminalizar una decisión política, no judiciable, es mala praxis… se ha tornado regla. El Memorándum de Entendimiento con Irán, discutible por cierto, fue aprobado por el Congreso, funcionando regularmente. No produjo ninguna de las consecuencias pretendidamente buscadas por el Gobierno kirchnerista: no hay impunidad para los presuntos terroristas, las célebres alarmas rojas de Interpol jamás se interrumpieron.

Es casi imposible que un Estado entregue a sus nacionales para ser juzgados en otros países. Y, vale la pena consignar, el avance de la causa AMIA II fue entre lentísimo e imperceptible en el extenso lapso corrido entre el atentado y la firma del Memorándum.

El procesamiento mismo es infundado, huérfano de evidencias, colmado de fantasías.

El coctel entre asociación ilícita, acusaciones exorbitantes y prisión preventiva se explica por vindicta política y no por el derecho penal.

Un dato adicional: el diputado Wolf (ex DAIA, hoy Cambiemos) y Bonadio obstruyeron la investigación del atentado en la sede de la AMIA. Su Señoría fue separado de ese expediente por la Cámara. Wolf defendió a capa y espada al ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, que hoy está en el banquillo en el juicio oral por encubrimiento cometido inmediatamente después del atentado terrorista concertado con jueces, secretarios e integrantes del gobierno del ex presidente Carlos Menem.

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